El Ayuntamiento de Donostia declara “lesiva” la licencia de obras del hostel de Arriola

El Ayuntamiento de Donostia prevé iniciar este martes un expediente para declarar “lesiva” la licencia de obra mayor que concedió en 2021 para la rehabilitación de un local en el paseo de Arriola con destino a su transformación en un hostel o albergue para jóvenes.

El pasado mes de julio, el Consistorio anuló la citada licencia, tras las numerosas quejas y reclamaciones de las vecindades de los números 15, 17, 19 y 21 del paseo de Arriola, que llevaron el permiso de obra a los tribunales. Más tarde, tras comprobar que los planos que presentaron los promotores en su momento no eran correctos, según informó el departamento de Urbanismo, el Ayuntamiento decidió allanarse (no seguir pleiteando contra los vecinos) en el procedimiento iniciado y esperar al pronunciamiento judicial.

La Junta de Gobierno prevista para hoy dará un paso más en contra de la puesta en marcha del albergue, que estaba prácticamente terminado cuando se anuló la licencia el pasado verano, e incluso contaba con reservas, que se tuvieron que suspender.

El dictamen que aprobarán los corporativos del Gobierno municipal señala que la licencia de obra se otorgó por considerar que el local cumplía las condiciones de ubicarse en una planta baja, como exigen las normas urbanísticas del Plan General de Donostia. Sin embargo, una nueva medición encargada por el Consistorio señaló que “los datos reflejados en los planos de los promotores no se ajustan a la realidad” y porque no se alcanza el 60% de perímetro necesario para considerar que el local se sitúa en una planta baja, por lo que “no cabría el uso de hospedaje”.

En la declaración que prevé aprobar hoy, el Ayuntamiento acuerda la suspensión de los efectos de la licencia de obra mayor otorgada en 2021 e inicia un expediente para declarar la “lesividad y ulterior impugnación” del permiso de obras de 2021. Asimismo, concede tanto a las comunidades de vecinos implicadas como a la empresa Liderko Hostel SL, impulsora del albergue de 26 habitaciones y 220 camas, un plazo de diez días para que presenten alegaciones si así lo consideran oportuno.

Los responsables de la sociedad impulsora del alojamiento se quejaron de la situación el pasado verano y alertaron del “perjuicio irreparable” que suponía haber invertido una fuerte cantidad de dinero en poner en marcha el equipamiento y, en el último momento, verse obligados a dejarlo en el aire.