El Ayuntamiento de Irun vuelve a ejercer de contrapoder del pacto PNV-PSE en las instituciones

El Ayuntamiento de Irun, sostenido por el PSE y Elkarrekin Podemos-IU y con el socialista José Antonio Santano como alcalde, vuelve a ejercer de verso libre en la coalición que forman el PNV y el PSE en las instituciones de la CAV, empezando por el Gobierno vasco. Así se visualizará de nuevo este viernes con la moción que los dos partidos que gobiernan en Irun aprobarán en Pleno, y en la que exigirán al Ejecutivo de Iñigo Urkullu que someta a consulta de la Asociación de Municipios Vascos, Eudel, la creación de los Proyectos de Interés Público Superior (PIPS), por ser una figura que "afecta directamente a la autonomía local y las competencias de los municipios".

Esta moción parte de una iniciativa de Elkarrekin Podemos-IU que pretende presentar en todos los ayuntamientos vascos. En un comunicado, ha explicado que responde a la decisión de PNV y PSE de incluir una enmienda al proyecto de Ley de Administración Ambiental, el pasado 5 de noviembre en el Parlamento Vasco, que permitiría suspender un planeamiento territorial mediante la declaración de PIPS por parte del Gobierno vasco. Esto implicaría, a su juicio, que "cualquier proyecto con supuestas mejoras medioambientales tendría una jerarquía absoluta y evitaría los instrumentos de ordenación territorial actuales", es decir, la potestad de los ayuntamientos.

PROYECTOS CONTRARIOS AL MEDIOAMBIENTE

En la nota, la formación morada califica este paso de "atropello" y de "reforma por la puerta de atrás" que "afecta profundamente al principio de autonomía municipal", ya que permite que el Ejecutivo vasco pueda "aprobar proyectos contrarios al medioambiente y a las normas de ordenación locales". Por este motivo, insta al Gobierno vasco a "abrir un diálogo con Eudel para escuchar su opinión antes de aprobar el proyecto de ley". De salir finalmente adelante esa norma, "repercutiría muy negativamente en la autonomía de los gobiernos locales", que se verían obligados a conceder licencia de actividad a "proyectos en contra de su propia ordenación urbana", concluye el escrito.