El Ayuntamiento de Llodio recurrirá la sentencia que declara nulo el cese de una funcionaria interina por no acreditar un Perfil Lingüístico (PL) 3 de euskera, el segundo nivel más alto de una escala de cuatro.
La presentación de este recurso ha sido anunciada por el alcalde de Laudio, Ander Añibarro, al consejero de Educación del Gobierno Vasco, Jokin Bildarratz, según ha informado este último a los medios de comunicación en una visita a un colegio de esta localidad.
La sentencia que será impugnada por el Ayuntamiento de Laudio ha sido dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Vitoria-Gasteiz, y en ella se declara nulo el cese de una funcionaria interina de la localidad alavesa por no acreditar un Perfil Lingüístico (PL) 3 de euskera, el segundo nivel más alto de una escala de cuatro.
La magistrada que firma esta resolución judicial argumenta, entre otras razones legales para anular el cese, que no se ha acreditado la "falta de capacidad" de la trabajadora para el desempeño del puesto. Además, al margen de los argumentos jurídicos y normativos, reprocha al Ayuntamiento su "nula sensibilidad" ante los esfuerzos de la funcionaria por entender una lengua cuyo aprendizaje, según afirma, presenta "extraordinarias dificultades".
Bildarratz ha expresado este miércoles su "sorpresa" ante esta resolución judicial, y ha cuestionado que la supuesta dificultad del aprendizaje de una lengua pueda determinar si una sentencia se pronuncia "en un sentido o en otro".
DIFICULTAD "SUBJETIVA"
"Lo normal es que la ley y los criterios que marca la ley sean los que se consideren a la hora de enjuiciar una determinada política lingüística", ha afirmado, tras lo que ha recordado que en Euskadi, tanto el euskera como el castellano son lenguas oficiales.
El consejero ha precisado que la dificultad del aprendizaje de una lengua es algo "muy subjetivo", que depende en gran medida del entorno lingüístico del que procede quien está estudiando ese idioma.
En todo caso, ha recordado que en el País Vasco existe un marco normativo que desarrolla la "convivencia" lingüística, y que todos los ciudadanos de Euskadi "tienen el derecho a entablar relaciones con la administración correspondiente" en cualquiera de los dos idiomas oficiales.