El Ayuntamiento de Murcia ha solicitado personarse como acusación particular en el caso que instruye el Juzgado número 3 de esa ciudad por 13 delitos de homicidio imprudente en el incendio de las discotecas de la zona de ocio nocturno de Atalayas (Murcia) el pasado domingo, en el que murieron otras tantas personas y 24 resultaron heridas.
Fuentes municipales han informado a EFE de que los servicios jurídicos del consistorio han solicitado esta mañana su personación en la causa, como ya había anunciado ayer el teniente de alcalde de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro, con el objetivo, según dijo, de "depurar todas las responsabilidad de cualquier tipo".
Entre la documentación aportada por los servicios jurídicos municipales a la jueza que instruye el caso se encuentra la orden de cese de actividad de la discoteca Teatre, con fecha de enero de 2022.
En el documento, al que ha tenido acceso EFE, se señala "la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad, ordenando a la mercantil Teatre Murcia S.L, titular de la actividad destinada a discoteca con cocina en calle Isla Cristina nº6, que en el plazo de 15 días hábiles cese en el ejercicio de la misma".
En la orden también se aclara que "se dará traslado a los servicios de inspección para comprobar el cese de la actividad y, en caso de que no se hubiese producido un cese voluntario por parte del titular, se procederá por esta Administración a la ejecución forzosa del acto administrativo, utilizando para ello los medios que sean necesarios".
La orden de cese se produjo después de que Teatre S.L., que tenía licencia de apertura e inicio de funcionamiento de actividad desde el 18 de diciembre de 2008, presentase, en junio de 2019, una comunicación para dividir el local en dos, Teatre y la Fonda Milagros, ya que el ayuntamiento de Murcia entendía que la modificación del local requería una nueva licencia.
El 8 de marzo de 2022 se presentó un proyecto de legalización cuya tramitación "no ha concluido", y es en esa fecha cuando quedaron resueltos los recursos que la empresa había presentado para evitar que el local fuera cerrado.
En octubre de 2022, el Ayuntamiento requirió a los servicios de inspección municipales que comprobasen el cese de la actividad de la sala y, a partir de ese momento, el Consistorio no ha vuelto a recibir "ningún expediente, oficio administrativo" o denuncia que pusiera de manifiesto "el incumplimiento de orden de cierre" por parte de la sala, según informa el Consistorio.
Al hilo de estas informaciones, el abogado del propietario de la discoteca Teatre, José María Caballero, afirmaba esta mañana, en declaraciones a EFE, que se actuó siempre dentro de la legalidad y amparados por la licencia de actividad concedida en su día.,
Así lo prueba, subraya, que en marzo de este mismo año los servicios sanitarios del Ayuntamiento realizaron una inspección tras la que declararon subsanadas unas deficiencias observadas un mes antes.
Si se acepta definitivamente su presencia como acusación particular en la causa, que está bajo secreto de sumario, el Ayuntamiento podrá tener acceso a las pruebas que se obtengan durante la investigación, presenciar los testimonios y declaraciones de los acusados y asistir a las declaraciones de todos los testigos citados, entre otras cosas.