Los grupos municipales EH BILDU y EAJ/PNV del Ayuntamiento de Pasaia han publicado esta mañana una declaración conjunta en la que muestran su rechazo a las dos sentencias, conocidas ayer, en las que se anula el requisito de euskera para contratar a 15 operarios de limpieza viaria. Ambas formaciones consideran que el cuestionamiento de los derechos lingüísticos a través de estas dos sentencias "es un ataque a la normalización del euskera".
Por ello, el Ayuntamiento anuncia que "recurrirá esas sentencias dictadas por los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo nº 3 y nº 2 de Donostia-San Sebastián por las que se suprime el conocimiento mínimo de euskera establecido en la convocatoria de estabilización de puestos de limpieza viaria realizada recientemente por el Ayuntamiento de Pasaia en 2023".
Además, en esa declaración los grupos municipales de EH Bildu y EAJ/PNV exigen que "no se vulneren los derechos de los/las pasaitarras que deseen comunicarse en euskera con el Ayuntamiento y no se adopte ningún acuerdo que pueda suponer un retroceso en el proceso de normalización del euskera en Pasaia". Además, piden que "se respete la autonomía municipal, en
concreto, su competencia y obligación de organizar y adecuar los recursos y servicios municipales a las necesidades de la ciudadanía pasaitarra".
Por último ambas formaciones llaman a la ciudadanía "a participar en la concentración convocada por Kontseilua y el Consejo Asesor del Euskera de Pasaia, Bokale". La concentración se realizará mañana, viernes 12 de abril, a las 18:30h en la plaza Viteri de Pasai Antxo. Esta mañana los propios trabajadores del consistorio se han concentrado frente al edificio del Ayuntamiento de Pasaia, en el distrito de Donibane, para mostrar su rechazo a las sentencias.
"Requisito discriminatorio"
Los juzgados nº 2 y 3 de lo Contencioso Administrativo de Donostia han considerado "discriminatoria" la exigencia del perfil B1 en euskera en la convocatoria del Ayuntamiento de Pasaia para contratar 15 operarios de limpieza viaria, en sendos fallos que responden a un recurso interpuesto por dos particulares.
En dichas sentencias, se considera que las características y contenido de las funciones que deben desempeñar las personas designadas para estas plazas "no justifican la exigencia de conocimiento del euskera". Además, el texto indica que "el principio general" es que "pueda valorarse como mérito no eliminatorio el conocimiento de las lenguas españolas diferentes del castellano" y que "para determinadas plazas" los poderes públicos puedan conceder carácter de "mérito" al conocimiento del idioma cooficial.
Pero considera "discriminatoria" la exigencia del conocimiento de la lengua vernácula "cuando se impone para cubrir plazas que no estén directamente vinculadas a la utilización de las lenguas de la comunidad autónoma".
Defender los derechos de los pasaitarras
Los grupos municipales de EH Bildu y EAJ/PNV destacan en su declaración conjunta que "estas sentencias ignoran el proceso legislativo desarrollado en Euskadi en los últimos 40 años para facilitar la convivencia del euskera y el castellano, así como el camino recorrido por la administración". Y resaltan que ambas lenguas llevan 40 años conviviendo, desde "la aprobación de
la Ley de Normalización del Euskera de 1982. Esta ley básica ha sido desarrollada en los años posteriores a través de diversos decretos y normas, entre ellos la Ley 2/2016 de Instituciones Locales de Euskadi. Estas normativas, aprobadas por un amplio acuerdo entre diferentes, han sido imprescindibles para avanzar en la normalización del euskera, y son un camino a seguir en un futuro próximo".
Ambas formaciones se preguntan "¿por qué es discriminatorio exigir un nivel mínimo de euskera?". Añaden que "el Ayuntamiento está representado por todo el personal del Ayuntamiento, tanto el personal que trabaja en la calle como el personal de oficinas. Todo el personal es un espejo del ayuntamiento. Es, por tanto, un deber ineludible para los/las trabajadores/as públicos/as asegurar el ejercicio de este derecho sin ningún límite ni traba. Por tanto, no se trata de defender los derechos del personal, sino de no vulnerar los derechos de la sociedad".
Y denuncian que "los tribunales se están convirtiendo en agentes activos en las políticas lingüísticas y están atentando contra la autonomía del Ayuntamiento, limitando radicalmente la planificación lingüística".