Seis años después, la sentencia del Juzgado de Instrucción de San Lorenzo de El Escorial sigue sin cumplirse y los restos de 105 víctimas del franquismo, entre ellas unas 40 vascas, siguen enterrados en el Valle de los Caídos. La última traba la ha puesto el Ayuntamiento del municipio en el que se encuentra el recinto franquista, gobernado por el PP, al negarse a renovar la licencia de obra necesaria para exhumar los restos, alegando que la medida ha sido recurrida al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Ante este nuevo varapalo a la justicia, memoria y reparación de las víctimas, que los familiares creen que podría incurrir en un delito de prevaricación, la Asociación ProExhumación de los Republicanos del Valle de los Caídos recurrirán a la Defensora del Pueblo europea, Emily O’Really, hartas “de sentirse perseguidas y agraviadas”.
“Estamos muy preocupados y tenemos la sensación de que el odio es el centro de todo. No les importan nuestros derechos”, denuncia a este periódico visiblemente enojado Iñigo Jaca, sobrino del zumarragarra Antonio Arrizabalaga Ugarte, enterrado en el Valle de los Caídos sin consentimiento alguno de sus allegados. El suyo es uno de los más de 100 de casos que en los últimos seis años han contado con una sentencia favorable para la exhumación y que, sin embargo, en ninguno de los casos se ha podido todavía materializar.
Antonio Arrizabalaga Ugarte
El recurso presentado por la asociación ultra Reconciliación y Verdad Histórica acarreó la medida cautelar de paralización de las obras, que finalmente en junio de este año, fue suspendida por los tribunales madrileños al estimar el recurso de Patrimonio Nacional. Sin embargo, en este tiempo, las licencias de obra necesarias para acometer las exhumaciones han caducado por lo que es el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial el competente para renovarlas, trámite que que se niega a cumplimentar.
Según arguye el Gobierno municipal liderado por la alcaldesa del PP Carlota López Esteban, el Ayuntamiento no está en la obligación de renovar las licencias hasta que la justicia no resuelva el recurso de que ha presentado la citada asociación ultraderechista al Tribunal Supremo. Los familiares ven en esta esta actitud un delito de prevaricación. “El Ayuntamiento no puede poner en duda la sentencia”.
De este modo, a pesar de que el centenar de familias cuentan con un fallo favorable desde 2016, la situación ha vuelto a la casilla de salida por culpa de un entramado burocrático bajo el que se parapeta el consistorio madrileño. “Es una cuestión de odio hacia nuestros familiares. Después de violar sus tumbas sin consentimiento, llega esto. Viendo los pertinaces que son, nos sentimos perseguidos y agraviados”, explica Jaca.
“ “Es una cuestión de odio hacia nuestros familiares. Después de violar sus tumbas sin consentimiento, llega esto. Viendo los pertinaces que son, nos sentimos perseguidos y agraviados” Iñigo Jaca - Familiar de Antonio Arrizabalaga ”
Ante esta situación, los familiares no se quedarán con los brazos cruzados y seguirán reclamando sus derechos recurriendo a la Defensora del Pueblo europeo. “Cuando la sentencia fue paralizada acudimos a la Comisión Europea y, curiosamente, al mes y medio nos respondieron desde el Gobierno español diciendo que el procedimiento seguía adelante”, señala Jaca, confiado en que la historia vuelva a repetirse por segunda vez: “La Defensora está obligada a responder siempre. Incluso si no es competente para ello, señala una vía posible que sí lo sea. Aquí, en cambio, hay un silencio administrativo. Nuestra experiencia nos dice que tenemos que ir a Europa para que aquí se actúe y por eso volvemos”.
“Me asisten unos derechos”
Ante tantas piedras en el camino, los familiares se muestran agotados. A lo largo de estos años ninguno ha podido recuperar los restos de sus allegados, ni tan siquiera la familia de los hermanos Lapeña, los primeros en recibir una sentencia judicial favorable, la de 2016, y que a día de hoy continúa pendiente de ejecución. “Nosotros empezamos en 2009 y hasta noviembre de 2020 no se nos reconoció el derecho”, recuerda Jaca, quien, al igual que el centenar de víctimas en la misma situación, ha enviado una carta a la alcaldesa de El Escorial solicitando “que no se pongan obstáculos” a la renovación de la licencia.
“Soy consciente de que me asisten unos derechos que no se están haciendo efectivos por actuaciones de muy dudosa legalidad, pues en estos momentos no existe ninguna disposición judicial que impida la concesión de licencia y entiendo que concurren las mismas condiciones y circunstancias que en el momento en que se concedió”, se lee en el texto que Jaca ha facilitado a este periódico.
La misiva añade que “nuestros derechos están recogidos en el artículo 24 de la Constitución Española y por ello reclamamos la tutela judicial efectiva del Auto 112/16, y en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea en su articulo 7 del respeto a la vida privada y familiar y el articulo 47 de tutela judicial efectiva. Deseo expresarle que no voy a renunciar a que los mismos se hagan efectivo. Por ello solicito que no se pongan obstaculos a la renovación de la licencia en cumplimento estricto de la Ley”.
Con el tiempo en contra
Mientras el enredo burocrático continúa, el tiempo juega en contra de las familias. La mayoría de ellas son de edad avanzada y en estos seis años que han transcurrido desde la primera sentencia favorable ya han fallecido tres familiares directos de las víctimas enterradas en el Valle de los Caídos. “Es muy duro y da mucha tristeza. Parece que están esperando a que todos muramos para evitarse el problema”, asegura Jaca.
De las 105 familias con derecho reconocido hay aproximadamente unas cuarenta vascas, la mayoría de ellas guipuzcoanas con procedencias diversas como Urretxu, Tolosa, Zarautz y Berastegi. Todas ellas fueron trasladadas al Valle de los Caídos desde otros puntos del Estado sin consentimiento ni conocimiento alguno de sus familiares y allegados. Es el caso, por ejemplo, de Antonio Arrizabalaga, asesinado en un batallón de castigo en 1937 en Zaragoza a los 26 años tras luchar en el batallón de las Juventudes Socialistas y ser apresado en Santander. Más de 80 años después de su muerte, son sus familiares los que disputan otra batalla, esta vez, en los tribunales