La llegada de Cespa-Onaindia como nueva prestataria del servicio de limpieza viaria y recogida de basura en la capital alavesa no va a suponer el punto final a la relación con la actual encargada de la tarea, FCC-GMSM. Las posturas encontradas de los últimos años se vienen resolviendo en sede judicial donde se dirimen los recursos por las facturas reclamadas. Confirmado el inicio de servicio para el 1 de noviembre próximo el Ayuntamiento de Gasteiz y la firma que dirige Carlos Slim tienen aún pendientes en los juzgados de Gasteiz "un total de 21 litigios y en diferentes fases cada uno", concretó ayer el edil de Gestión Ambiental, César Fernández de Landa, en respuesta a una pregunta de EH Bildu.
Una inmensa mayoría, 19 recursos, corresponden a importes de facturas por la prestación de servicios y otros conceptos, aunque también hay otro buen número ya resuelto y "en la mayoría se da la razón al Ayuntamiento de Vitoria", respondió con satisfacción Fernández de Landa a la soberanista Amancay Villalba. Explicó el integrante del equipo de gobierno cómo este número de recursos aún pendientes de resolución no se corresponden de manera paralela a una factura, sino que hay casos en los que un recurso engloba a varias.
discrepancias en los descuentos Tras la finalizar la comisión, DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA contactó con FCC para conocer su opinión. Expusieron su divergencia sobre cómo se producen los ajustes. "Descuentan de una forma en la que no estamos de acuerdo", enmarcaron. Así, por ejemplo, uno de los conceptos en los que aplican los descuentos es en los "costes fijos de la maquinaria porque entonces el Ayuntamiento no paga ni los vehículos que compró", explicaron fuentes de FCC. Apuntaron la cifra de que los tribunales "han dado la razón a la UTE en su forma de entender los descuentos en el 30% de los casos y en un 40% ha condenado al Ayuntamiento al pago de intereses de demora", concluyeron.
El dato de los litigios abiertos cuando está a punto de consumarse el cambio en la empresa responsable fue una cuestión que quiso conocer la representante de EH Bildu, Amancay Villalba, después de "anunciar hace 34 meses la rescisión de contrato con la empresa encargada hasta ahora", matizó en alusión a la dilación que ha supuesto el proceso. En ese desglose de facturas pendientes, apuntó a documentos "de los años 2018, 2019 y 2020", así como a que la mayoría de ellos se deben a "servicios no prestados, que han supuesto el desembolso de 78.681,34 euros en concepto de intereses de demora", recriminó Villalba en su primera intervención.