El Ayuntamiento prepara su respuesta a la demanda contra un chalet “ilegal” en Igeldo

Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Donostia están preparando la documentación para responder en plazo a la demanda que presentada por al menos dos entidades, Haritzalde e Ieltxo Kultur Elkartea, en contra del permiso municipal otorgado hace unos años para construir una lujosa casa en zona rural cerca del camino de Txalin de Igeldo, en un punto en el que no existía vivienda alguna con anterioridad. La nueva casa de Igeldo sustituye al caserío Goiatz Berri, del camino de Okendotegi, en Martutene, que desaparició a causa de las expropiaciones para el TAV, al igual que Erbitegi.

Tras la denuncia presentada, que asegura que la licencia incumple distintos aspectos como que la nueva construcción no atiende a la imagen de los caseríos tradicionales de la zona, el alcalde, Eneko Goia, ha defendido este martes la legalidad del permiso aunque ha añadido que “si hubiera alguna cuestión subsanable en base a la normativa se procederá a hacerlo”. 

“El Ayuntamiento, cuando actúa en el plano urbanístico, lo hace en base a la legislación aplicable”, dijo Goia, que añadió que, en este caso, la ley permite que un caserío expropiado sea sustituido por otro, “con la única condición de que el suelo no sea de especial protección”.

Las asociaciones de Igeldo, que prevén dar el jueves más detalles sobre la nueva casa, califican de “inaudita” la decisión municipal de permitir construir un chalet en suelo rural de Igeldo, a ocho kilometros de donde estaba el caserío desaparecido. “Abre una vía especulativa que permitiría ubicar en Igeldo cualquier supuesto caserío que sea expropiado por razones de obras públicas en cualquier otro punto de la ciudad”, se quejan los demandantes.

Las entidades critican también que el “inmenso chalet” no tiene tipología rural “incumpliendo la obligación legal de que toda nueva construcción se atenga a la imagen de los caseríos tradicionales de la zona”. Asimismo, aseguran que es un edificio “sin licencia” y añaden que se dieron “dos licencias ilegales previas” y fue construido en un tercer emplazamiento.

Las asociaciones denunciantes califican el caso de “escándalo urbanístico” y aseguran que hay “múltiples e increíbles” irregularidades en este caso, como que se ha autorizado un 100% de superficie de sótano, cuando la norma solo permite el 60%.