El Banco de España cuestiona la Ley de Vivienda y la reforma de las pensiones

El director general de Economía y Estadística del Banco de España, Ángel Gavilán, ha alertado de que las medidas coyunturales, como los créditos ICO para las hipotecas, no son "una fórmula milagrosa para resolver los desajustes de acceso a la vivienda", ya que se trata de un problema "estructural".

"Es un problema que tiene muchas aristas. No hay ninguna solución que lo resuelva de manera inmediata", ha comentado Gavilán. El director general de Economía y Estadística ha explicado, como consta en el Informe Anual de 2022 del Banco de España, que la tendencia de vivienda en propiedad en España ha caído mucho en los últimos años, sobre todo entre los jóvenes, y esto ha provocado "un aumento de la desigualdad".

En ese documento, el Banco De España recuerda que "existe evidencia de que un elevado porcentaje de vivienda en propiedad tiende a reducir la desigualdad de la riqueza", algo que ocurría en el Estado español en el pasado, ya que la tenencia de activos reales, especialmente, de la vivienda principal, era más generalizada que en otras economías europeas.

Sin embargo, desde 2014 se ha observado un cambio en esa tendencia, como consecuencia de la "acusada reducción del porcentaje de hogares propietarios de vivienda", sobre todo entre los jóvenes.

CRECE LA DESIGUALDAD POR LA MENOR POSESIÓN DE VIVIENDAS

De hecho, entre 2011 y 2021 se incrementó en 4,2 puntos porcentuales el número de hogares españoles cuya residencia habitual no es una vivienda en propiedad, que se situó en el 24,2%. Pese a esta subida, sigue por debajo del 34,2% del área del euro, según expone el Banco de España en su informe.

Este repunte en la demanda de los alquileres también se ha reflejado en los precios, que, en comparación con las rentas del trabajo, han aumentado la proporción de población en riesgo de exclusión social y de hogares con capacidad de gasto restringida en otros bienes y servicios.

Así, como señala el Banco de España en su informe, en 2021 un 48,9% de los hogares españoles que residían en viviendas de alquiler se encontraban en riesgo de pobreza o de exclusión social, el porcentaje más elevado de la Unión Europea (UE), mientras que un 40,9% dedicaba más del 40% de su renta disponible a la vivienda, frente a un 21,2% en el promedio de la UE.

"El aumento de la demanda de alquiler entre los colectivos con menor renta está relacionado con la situación del mercado laboral y los criterios de concesión de crédito hipotecario. La residencia en viviendas de alquiler es relativamente mayor en los trabajadores asalariados sin contratos a tiempo completo y entre los desempleados", agrega.

EFECTOS "ADVERSOS" DE LA LEY DE VIVIENDA

El Banco de España también cita en su informe la tendencia alcista de las rentas del alquiler tras la pandemia. Si bien entre 2020 y 2021 se registraron caídas de entre el 3,5% y el 4%, se revirtieron en 2022, con repuntes de entre el 7% y el 7,5%.

El Informe alerta de que "el reciente dinamismo de los precios del alquiler se produce en un contexto de oferta restringida por el limitado aumento de la provisión pública de alquiler social y la aparición de usos alternativos de la vivienda residencial".

De acuerdo con las estimaciones del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), el parque de vivienda de alquiler social de titularidad pública se situaría en torno a las 290.000 viviendas, en las que residirían un 1,6% de los hogares. Estas cifras contrastan con el parque de vivienda en alquiler social de otras economías europeas, cuyas ratios sobre el total del stock de vivienda se sitúan en el 7,5% en el promedio de la UE.

Además, el Banco de España también señala entre las causas del incremento de las rentas el crecimiento de las viviendas turísticas, que suponen un 1,2% del parque total de viviendas, así como la aparición de nuevas formas de arrendamiento por períodos inferiores a un año en mercados en los que existe una elevada demanda de vivienda residencial.

Ante esta situación, el Banco de España valora en su informe la futura Ley por el Derecho a la Vivienda. De ella reconoce su "énfasis en el necesario incremento de la oferta de vivienda en alquiler", aunque cuestiona algunas medidas, como el control de rentas, que "podría generar efectos indeseados a medio plazo".

"La literatura económica ha señalado que, si bien los controles de precios muestran capacidad para reducir los precios del alquiler a corto plazo en las zonas reguladas, esta política puede generar efectos adversos sobre la oferta de alquiler, así como segmentación en el mercado inmobiliario", recalca el documento.

Entre esas consecuencias "adversas", el Banco de España alude a la reducción del número y de la calidad de las viviendas disponibles en el mercado, a los cambios en la composición de la oferta e incrementos de precios en segmentos no regulados.

"APOYO DECIDIDO" A LA OFERTA PRIVADA DE ALQUILER

El Banco de España también aboga por un "apoyo decidido de la oferta privada de alquiler", ante "la considerable magnitud del desequilibrio actual entre la oferta y la demanda". De esta forma, sostiene, se mitigarían las dinámicas alcistas en los precios del alquiler que se observan en las áreas tensionadas.

Para ello, se recomienda evitar medidas que distorsionen de manera asimétrica las señales de precios, reforzar la seguridad jurídica efectiva de los propietarios de vivienda en régimen de alquiler y reducir la incertidumbre regulatoria en este mercado. Además, tampoco descarta medidas fiscales y regulatorias para incrementar la oferta de alquiler residencial por parte del sector privado profesionalizado.

El Banco de España insiste en evaluar "con rigor" la futura norma para evaluar su alcance.

REFORMA DE LAS PENSIONES

Por otra parte, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, afirma en el Informe anual del organismo correspondiente a 2022 que, de acuerdo con las estimaciones de la institución y de otras entidades, "será necesario" adoptar nuevas medidas para reforzar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones a partir de 2025 en el marco del llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).

Ello se debe, explica el gobernador, a que como resultado de las reformas de pensiones adoptadas desde 2021, el sistema "deberá afrontar mayores obligaciones de gasto en el largo plazo, que no han sido plenamente compensadas por el lado de los ingresos".

A ello hay que añadir la "incertidumbre" que puede tener sobre el empleo, los salarios y la competitividad el impacto de las subidas de cotizaciones recogidas en las reformas de pensiones, por lo que Cos insta a realizar una evaluación "rigurosa, continua y transparente" de los efectos de estas reformas, incluyendo sus consecuencias sobre la equidad intergeneracional.

El Banco de España reconoce en este informe que cuantificar los impactos de estas reformas es una tarea "compleja y extraordinariamente incierta".

En este sentido, un ejercicio de simulación del Modelo Trimestral del Banco de España (MTBE) sugiere que un incremento de un punto porcentual en el tipo efectivo medio de las cotizaciones sociales podría generar, al cabo de cuatro años, una caída en el número de ocupados cercana al 0,25%, "lo que supondría un riesgo a la baja no despreciable sobre las estimaciones de ingresos ex ante" de la reforma de pensiones.

LOS INCENTIVOS A DEMORAR LA JUBILACIÓN, PRINCIPAL FRENO AL GASTO

Así, además de una evaluación "rigurosa" del impacto del aumento de las cotizaciones sobre el mercado laboral, el organismo también ve "deseable" contar con un análisis 'ex post' del alcance de los incentivos para el retraso de la edad de jubilación, al ser éstos "la principal palanca de contención del gasto en pensiones en el futuro".

El Banco de España recuerda en su informe que el MEI es un mecanismo de ajuste automático, que prevé la adopción de nuevas medidas o, en su defecto, un incremento adicional de las cotizaciones sociales si el gasto en pensiones se desvía de una determinada senda de referencia.

En concreto, este mecanismo entrará en acción, a partir de marzo de 2025, en el caso de que el gasto en pensiones supere el 13,3% del PIB en el promedio 2022-2050, una vez descontado el incremento de los ingresos resultado de las reformas aprobadas desde 2020.

"El análisis conjunto de los principales cambios normativos introducidos en nuestro sistema de pensiones desde 2021, si bien está sujeto a una elevada incertidumbre, apunta a que, previsiblemente, será necesario adoptar nuevas medidas a partir de 2025 para reforzar su sostenibilidad financiera", sostiene la institución en su informe.

No obstante, el organismo precisa que la decisión respecto a una eventual activación del MEI dependerá, entre otros factores, de la evaluación formal de las medidas de ingresos que la AIReF realizará en marzo de 2025 y de la senda de gasto en pensiones que recoja el Informe de Envejecimiento de la UE que se publicará en la primavera de 2024.

LA PENSIÓN INICIAL SUBIRÁ UN 0,3% CON UN PERIODO DE CÁLCULO DE 29 AÑOS

Para llegar a estas conclusiones, el Banco de España realiza estimaciones sobre cuánto supondrá, en porcentaje del PIB y en el año 2050, algunas de las medidas contempladas en las reformas de pensiones adoptadas en esta legislatura, pero sin incorporar el posible efecto que el incremento en los costes laborales podría tener sobre el empleo, los salarios o la competitividad de la economía.

Así, por el lado de los ingresos, la institución calcula que el aumento de la base máxima de cotización por encima del IPC y la cuota de solidaridad sobre los salarios que superen la base máxima elevarían los ingresos por cotizaciones sociales en 0,5 puntos del PIB en 2050, frente a los 0,6 puntos estimados por el Gobierno.

"Bajo el supuesto de una inflación del 2%, el incremento real de la base máxima alcanzaría el 22% en 2040 y el 37,1% en 2050, mientras que el recargo sobre los salarios más altos variaría entre un mínimo del 0,92% en 2025 y un máximo del 7% en 2045", señala la institución.

En todo caso, el Banco de España advierte de que, aunque estas medidas suponen un fortalecimiento de los recursos del sistema de pensiones, "también reducen la contributividad del sistema para los trabajadores afectados por el tope de cotización".

Por su parte, el organismo calcula que los ingresos vinculados a la sobrecotización del MEI alcanzarán medio punto del PIB una vez que la cuota alcance el 1,2% (la AIReF cifra los ingresos en 0,4 puntos del PIB). El tipo de cotización asociado a este mecanismo se ha fijado en un 0,6% en 2023 y ascenderá una décima por año hasta llegar el 1,2% en 2029, manteniéndose en ese nivel hasta 2050.

También cifra en 0,5 puntos del PIB los ingresos que obtendrá el sistema por la reforma de las cotizaciones que pagan los trabajadores autónomos.

ALARGAR EL CÁLCULO A 29 AÑOS ELEVA LA PENSIÓN INICIAL MEDIA

Por el lado de los gastos, el Banco de España estima que la subida de las pensiones mínimas contemplada en la última reforma de pensiones supondrá un alza del gasto de 0,2 puntos del PIB.

En cuanto a la ampliación progresiva del periodo de cálculo de las pensiones de 25 a 29 años, el Banco de España señala que, cuando esta medida esté completamente desplegada a partir de 2044, podría suponer un aumento de la pensión inicial media del 0,3% con respecto a la fórmula actual.