El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha iniciado el procedimiento de consulta pública del proyecto de real decreto por el que se desarrolla el registro de contratos alimentarios y del proyecto de real decreto por el que se modifica el Estatuto de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA). Esta medida afectará a todos el sector agroganadero del territorio, que en numerosas ocasiones ha denunciado prácticas de los distribuidores, como la compra de los productos –como la uva para el vino o la leche– del campo por debajo de su coste.
La puesta en marcha de estos reales decretos es el resultado de las modificaciones introducidas en la ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, que ha establecido la obligación de crear un registro digital en el que se deben inscribir los contratos alimentarios que se suscriban con los productores primarios y sus asociaciones, así como sus modificaciones, antes de la entrega del producto.
Con esta medida se busca incrementar la protección de los productores y sus agrupaciones, al poner a disposición de AICA y del resto de autoridades de ejecución designadas por las comunidades autónomas, un instrumento que facilitará las tareas de inspección y de control.
La vigilancia de los contratos es una vieja aspiración de las organizaciones y los sindicatos agrarios como la Unión Agroganadera de Álava (UAGA), que ya lograron que la Ley de Medidas estableciera el pago de los productos, las uvas en este caso, por encima de costes, así como los plazos para el pago de los productos, que antes se retrasaba durante meses. Pero para conocer fielmente si esto se realiza de esta manera, resulta necesario la creación de ese registro que reforzará el control del cumplimiento de los contratos de compraventa.