El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Azpeitia ha decretado el sobreseimiento provisional del conocido como 'caso Bidegi'. Se trata del juicio abierto tras la querella presentada en 2015 por el gobierno foral, conformado por Bildu y liderado por el entonces diputado general Martín Garitano, contra los responsables de Bidegi y la empresa constructora de la autopista Ap-1 Eibar-Vitoria a los que acusaba de fraude y corrupción.
En su acusación, el ejecutivo foral de Bildu afirmaba que se habían realizado pagos irregulares en la construcción del tramo Arlaban - Eskoriatza Norte. En concreto, la formación abertzale hablaba de un sobrecoste de 17 millones de euros por dos actuaciones que consideraban que podían ser constitutivas de delito: una liquidación presuntamente "extra" a Álava por la construcción de la parte del túnel de Arlaban en este territorio y un desfase de 8 millones de euros en la cantidad de fibra de acero y hormigón utilizada y finalmente abonada.
Ahora la jueza encargada del caso, la magistrada Claudia Núñez Andrés, ha archivado esta querella y considera que no hubo irregularidades. Según informa Vocento, en un auto fechado el pasado 25 de agosto, al que ha tenido acceso ese grupo de comunicación, la jueza concluye que "no ha podido determinarse, ni siquiera indiciariamente, si efectivamente fue o no defraudada una cierta cantidad presupuestaria".
Críticas de la jueza a las pruebas presentadas por Bildu
Además, la magistrada critica las pruebas presentadas por la acusación y desacredita el informe elaborado por la ingenería Ingeotyc que sirvió como base a Bildu para presentar la querella. La jueza Núñez Andrés dice que ese documento incluye "numerosas incongruencias" y está "repleto de errores", además de contener "omisiones intencionadas" en las mediciones del hormigón proyectado y la "manipulación" de determinados valores.
Entre los acusados por Bildu figuraban el entonces director técnico de Bidegi, Agustín Zugazti; el director de obra, José Manuel Vacas; y el responsable de la empresa constructora, la UTE Arlabán, Juan Francisco García. Los tres se enfrentaban a los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, exacciones ilegales, falsedad documental y encubrimientos. Además, inicialmente otras dos personas, una ingeniera y una administrativa de Bidegi, estaban acusadas pero fueron eximidas ya en 2016.
Contra esta resolución del Juzgado de Azpeitia de sobreseer provisionalmente la causa cabe interponer recurso de reforma en el plazo de tres días y de apelación en cinco días.