La estabilidad en el Govern pende de un hilo después de que ERC y la CUP consumaran ayer jueves la suspensión de Laura Borràs como presidenta del Parlament y diputada. La líder de Junts cargó duramente contra las otras dos fuerzas independentistas acusándolas de ser “cómplices de la guerra sucia” contra el mundo soberanista al actuar como “jueces hipócritas” en su proceder en la Mesa de la Cámara catalana. Media hora después de que acordaran que fuera apartada junto a los votos del PSC, la posconvergente compareció en el despacho de audiencias para expresar una contundente declaración, repleta de recriminaciones a republicanos y anticapitalistas por aplicar el artículo 25.4 del reglamento parlamentario, que obliga a relevar del cargo a cualquier diputado al que se le abra juicio oral por corrupción. “Mi suspensión solo beneficia a quienes han apostado por la guerra sucia, pero también hace cómplices a quienes la han ejecutado de manera totalmente gratuita e innecesaria”, denunció Borràs, que se siente víctima de un “atropello democrático” por parte de quienes no pueden “disimular su deseo” de hacerla “desaparecer” como rival política.
Su testigo lo recoge la republicana Alba Vergès, lo que contraviene el acuerdo de investidura entre Esquerra y JxCat que repartía la presidencia de la Generalitat a Pere Aragonès y la del Parlament, a un miembro del partido del que ahora es secretario general Jordi Turull. Una brecha más en las complicadas relaciones entre los socios del Ejecutivo catalán, ya de por sí enfrentados por el cariz y contenido que está adquiriendo la mesa de diálogo. Por todo ello, Borràs censuró a sus compañeros de viaje por no tener “otra expectativa que la autonomía ni otra motivación política que sus respectivos partidos”, y les advirtió de que, pese a estar suspendida, no dimitirá de su puesto para facilitar su relevo en la presidencia del Parlament: “No renuncio, no me doblego, no me han vencido”, espetó.” Y recalcó: “Los que han violentado mi presunción de inocencia, me habían exigido una dimisión, un paso a un lado con la excusa siempre de preservar la institución, una excusa que es incapaz de disimular el deseo de hacer desaparecer a una adversaria política, y no pienso dimitir porque quienes dan pasos atrás digan a los que damos pasos adelante que demos un paso a un lado”.
Según su alegato, ERC y la CUP tienen agendas “muy lejos de una estrategia unitaria independentista ni en el Govern ni en el Parlament” con lo que Borràs criticó la cohesión del Govern de coalición por falta de unidad. “Cualquiera que nos observe desde fuera llegaría a la conclusión de que somos nuestros propios adversarios y que quienes nos ahogan cada día son nuestros aliados”. Eso sí, personalizó su reproche en los cinco diputados que avalaron su inhablitación, sobre la que argumentó que no se dan las circunstancias legales que prevé el reglamento, y que la decisión debilita al Parlament y a la democracia y al independentismo. “Soy suspendida por un artículo infame que vulnera derechos fundamentales y genera inseguridad jurídica”, zanjó.
El artículo 25.4 por el que ha sido relegada –introducido en la reforma del reglamento que aprobaron Junts pel Sí y la CUP en 2017, en vísperas del 1 de octubre– fija que la Mesa “debe acordar la suspensión de los derechos y deberes parlamentarios de manera inmediata” si a un diputado le abren juicio oral por corrupción, en este caso por presuntamente fraccionar contratos cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).
Aragonès no ve peligro
A modo de réplica, Aragonès aseveró que “no es aceptable mezclar la lucha por independencia con la defensa” de alguien acusado por presunta corrupción, y negó que el Govern corra peligro. “No tengo información de ningún miembro crea que no hay que seguir trabajando con la misma confianza”, manifestó el president. ERC, a través de su portavoz Marta Vilalta, señaló que esta suspensión era la mejor forma de proteger la presunción de inocencia de Borràs. “La corrupción no puede ensuciar el proyecto que defendemos desde hace 90 años: construir la República catalana”, justificó. El diputado de la CUP Carles Riera dijo que “la mejor respuesta contra la represión es la transparencia, la ejemplaridad y la referencialidad”.
Ahora se abre un periodo de incertidumbre, en el que teóricamente la vicepresidenta primera del Parlament, la citada Alba Vergès, debe asumir las funciones que deja vacantes Borràs, al menos hasta que haya sentencia firme sobre su caso. ERC ofreció a sus socios ceder los trastos a alguien de JxCat, aunque no está previsto que asuman esta responsabilidad. Poco antes de la reunión de la Mesa, Borràs se acercó a la concentración en su apoyo que se convocó a las puertas del Parlament, que congregó a unas 300 personas. Allí estuvo el expresident Quim Torra, que afeó la decisión de ERC y la CUP porque deja al independentismo “muy tocado” y dio a entender que JxCat debería “reflexionar” sobre su salida del Govern.
La Fiscalía ha pedido seis años de cárcel y 21 años de inhabilitación contra Borràs en un juicio que está previsto que arranque a finales de este año o a comienzos del próximo. Si el fallo se pronuncia a su favor, la suspensión debería quedar revocada.