El caso de los ERE sacude al PSOE

Al PSOE no le salvó en las elecciones andaluzas ni la demora en la sentencia del caso de los ERE, que ayer mismo le explotó en las manos justo cuando Pedro Sánchez trata de recomponer el rumbo de sus siglas, en tanto que el Tribunal Supremo (TS) ratificó las condenas a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves –por un delito de prevaricación– y José Antonio Griñán –prevaricación y malversación– por permitir durante una década un sistema fraudulento para distribuir ayudas sociolaborales. El primero de ellos quedará inhabilitado durante nueve años, mientras que quien recogió su testigo en el Palacio de San Telmo deberá cumplir seis años de cárcel. El Gobierno español reaccionó pasando de puntillas sobre un posible indulto para quienes fueron santo y seña del socialismo.

La Sala de lo Penal, eso sí, se dividió al adoptar su resolución, que salió adelante por la mínima. Tres de los cinco jueces la avalaron: Juan Ramón Berdugo, Eduardo de Porres y Carmen Lamela, considerados de tendencia conservadora –los dos primeros son miembros de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM)–. Las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo, encuadradas en el sector progresista –pertenecen a Juezas y Jueces para la Democracia)– no vieron la malversación y emitirán un voto particular discrepante al entender que se debería haber aceptado parte del recurso presentado por Griñán y, tras anular la sentencia de primera instancia, haberle absuelto de ese delito, lo que le habría evitado ir a prisión.

La ejecución del fallo compete a la Audiencia Provincial de Sevilla, que fue el órgano jurisdiccional que dictó en 2019 la condena confirmada ahora por el TS, pero no la hará efectiva hasta recibir el dictamen íntegro, texto que no se espera que esté redactado y notificado antes de septiembre, debido al habitual parón de agosto en el ámbito judicial. El abogado de Griñán, José María Calero, ya adelantó que recurrirán al Tribunal Constitucional, aunque el TC no suele frenar la entrada en la cárcel cuando la pena supera los cinco años de privación de libertad, como es el caso. El siguiente paso sería pedir el indulto. De ser así, para acudir a la corte de garantías tendrá que completar antes un último trámite ante el Supremo, planteando un incidente de nulidad que tendrá que resolver la Sala de lo Penal, por lo que su eventual entrada en la cárcel se seguiría dilatando.

reparto sin control

Griñán es condenado por un delito de malversación cometido durante su etapa como consejero de Economía y Hacienda, cuando la Junta repartió sin control 680 millones de euros a empresas en crisis para garantizar la denominada “paz social”, aunque su defensa alega que la Audiencia de Sevilla no concretó en su sentencia, de más de 2.000 folios, “ni una sola irregularidad” cometida por él personalmente. El juicio coincidió en el tiempo con la pérdida del PSOE de la presidencia de la Junta tras 36 años ininterrumpidos en el poder, un duro golpe del que aún no se ha repuesto, y menos tras la mayoría absoluta alcanzada por Juanma Moreno el pasado junio.

Durante la vista celebrada para estudiar los recursos de casación, la Fiscalía pidió al alto tribunal que confirmara las condenas impuestas a casi una veintena de excargos de la Junta de Andalucía, incluidos los dos expresidentes. Para el Ministerio Público, quedó probado que “se quiso modificar el sistema de concesión de las ayudas para evitar cualquier tipo de control”, propiciando un sistema “prevaricador” donde “cada uno de ellos colaboró para la consecución del fin conjunto”.

Unas grabaciones ocultas que revelaban un intento de extorsión a dos empresarios sevillanos fue el hilo del que se tiró en 2009. Dos años después nació el caso de los ERE fraudulentos y 13 después, las pesquisas se erigen en un mastodonte procesal de 140 piezas. La esencial se ha resuelto con la confirmación de las condenas por parte del Supremo, algo que marcará el destino del resto de causas. Más de una década en la que el PSOE esperaba que el caso virara para no ser comparado con el del Gürtel que acabó con el PP de Mariano Rajoy.

Y es que el fallo alcanza a otros ocho ex altos cargos de la Administración andaluza que deberán entrar en prisión. Entre ellos, cuatro exconsejeros: Antonio Fernández, de Empleo (7 años y 11 meses de cárcel); José Antonio Viera, también de Empleo (7 años y 1 día); Carmen Martínez Aguayo, de Economía (6 años y 2 días); y Francisco Vallejo, de Innovación (7 años y 1 día). Y también Agustín Barberá, exviceconsejero de Empleo (7 años y 1 día); Jesús María Rodríguez, exviceconsejero de Innovación (6 años y 2 días); Juan Márquez, ex director general de Trabajo (al que se reduce el castigo a 3 años); y Miguel Ángel Serrano, ex director general de IFA/IDEA (6 años y 6 meses). La Audiencia de Sevilla condenó además a Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo, a 7 años, pero falleció en 2020.

La relación de condenados, aunque solo a inhabilitación, la completan: Gaspar Zarrías, exconsejero de Presidencia; Magdalena Álvarez, exconsejera de Economía y exministra de Fomento; José Salgueiro, exviceconsejero de Hacienda; Antonio Vicente Lozano, ex director general de Presupuestos; y Jacinto Cañete, ex director general de IDEA. El Supremo ha decidido absolver a tres ex secretarios generales técnicos de Empleo (Javier Aguado, Juan Francisco Sánchez García y Lourdes Medina).

El recuerdo de la ‘gürtel’

Conocida la sentencia, el PP no tardó en sacar provecho. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, se jactó de que no usará el fallo como en su día hizo con la Gürtel Sánchez, a quien emplazó a “depurar responsabilidades”. “No voy a usar ningún caso por demoledor que sea, aunque sea el más grave de los 40 años de democracia”, proclamó. Y espetó: “Mi objetivo es no ser Pedro Sánchez”. Desde Moncloa, la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, echó balones fuera al ser preguntada por un indulto, sin descartar que el Gobierno pudiera concederlo, una prerrogativa del Consejo de Ministros. Interpelada hasta en tres ocasiones tras el Consejo de Ministros, reiteró que “no entramos en hipótesis”, sin querer inclinarse a favor ni en contra. Moreno sí fue tajante: “Se ha demostrado que durante mucho tiempo hubo corrupción institucionalizada en Andalucía”.