La instrucción judicial por la desaparición y muerte de la joven viguesa Déborah Fernández-Cervera cierra este sábado una etapa, con la prescripción de los hechos, salvo en aquellas actuaciones que tengan que ver con el único investigado, el exnovio de la chica, y encara su recta final hacia la apertura de juicio o, si así lo decide el juzgado de instrucción 2 de Tui (Pontevedra), el archivo.
Este 30 de abril se cumplen 20 años desde que la joven desapareció después de salir de su casa, en la zona de Alcabre, para hacer deporte. Su cadáver fue encontrado diez días después a 40 kilómetros de su domicilio, en una cuneta de una carretera de O Rosal, desnudo, tapado con vegetación y rodeado de pistas falsas.
Nunca se detuvo a nadie por estos hechos y hubo que esperar casi dos décadas para que el juzgado citase a una persona como investigada (imputada), su expareja, Pablo P.S-L. Al cumplirse el plazo de prescripción, no podrá investigarse a nadie más, y solo podrán acordarse diligencias para determinar la participación (o no) del único imputado.
La familia de la joven siempre ha mantenido que debió haber más de una persona implicada en este crimen, al menos en lo que respecta al traslado del cadáver y teniendo en cuenta que los análisis forenses revelaron que el cuerpo de Déborah estuvo varios días en un lugar propicio para su conservación, como una cámara frigorífica, antes de ser depositado en el lugar en el que fue encontrado.
De hecho, los esfuerzos del equipo jurídico y la petición de pruebas se han enfocado también en esa línea y han solicitado reiteradamente diligencias para cotejar ADN o contrastar versiones de personas allegadas al investigado, para descartar o confirmar la posible participación de otras personas en los hechos. Con todo, esos intentos no han fructificado y el caso llega a su recta final con un solo imputado.
Los últimos 20 años han sido, para la familia y allegados de Déborah Fernández-Cervera, una carrera de fondo, pero también de obstáculos, en la que han concurrido casi todas las vicisitudes imaginables, desde diligencias tardías, ausencia inexplicable de interrogatorios, pasando por un archivo y una reapertura del procedimiento, e incluso por una exhumación.
"Un desastre"
Según han denunciado los familiares de Déborah, los primeros años de investigación policial fueron "un desastre", se cometieron "negligencias", como indicios que se pasaron por alto, contradicciones de testigos que no fueron analizadas, diligencias que no llegaron al juzgado o llegaron tarde, comprobaciones que no se hicieron hasta pasados años (como el análisis del disco duro del ordenador de la chica o la inspección del coche de su exnovio), y un largo etcétera.
Sin embargo, en 2010, después de que se hubiera hecho cargo de las actuaciones otro equipo policial, se presentó un informe en el juzgado que apuntaba claramente a una persona sospechosa: el exnovio de Déborah Fernández, por las contradicciones en sus declaraciones ante la Policía.
En dicho atestado policial, conocido como 'informe Arkano', se veía como hipótesis más plausible que la chica se hubiera ido voluntariamente con una persona cercana, que su muerte se hubiera producido por sofocación (no tenía lesiones visibles en el cuerpo) o por acción criminal, y que la persona implicada adoptó las máximas precauciones para confundir a los investigadores y que no se le relacionase con los hechos.
A ese respecto, este atestado constata que el escenario en el que apareció el cadáver tenía pistas falsas, como un preservativo y un pañuelo. También hace referencia al hecho de que el semen encontrado en el interior del cuerpo de la joven (que fue analizado y no se corresponde con el perfil de nadie 'conocido') fuese introducido 'post mortem'... No obstante, pocos días después de que se incorporase este informe policial a la causa, el juzgado acordó archivar el procedimiento, al considerar que no había pistas sólidas para imputar a nadie.
Reapertura
Se inició entonces una 'travesía por el desierto' para la familia, que nunca cesó en su empeño de buscar la verdad sobre lo ocurrido, pese a las dificultades. Los esfuerzos se retomaron con la incorporación del nuevo equipo de abogados en mayo de 2019, se buscó documentación, se encargaron nuevos informes, todo ello mientras los allegados de la víctima intensificaban campañas en redes, recogida de firmas y actos públicos.
El juzgado de Tui acordó reabrir la causa en noviembre de 2019 para la práctica de diferentes diligencias. Desde entonces, se han realizado cotejos de ADN, la inspección del antiguo coche del exnovio de Déborah y de un arcón congelador que fue de su propiedad, la exhumación del cadáver en mayo de 2021, un informe sobre el disco duro del ordenador de Déborah a cargo de Lazarus Technology (cuya versión definitiva aún está pendiente), y han sido citados a declarar como testigos decenas de personas, algunas de ellas por primera vez. Todas las actuaciones instadas por la propia familia de la joven.
Finalmente, después de numerosas solicitudes y tras aceptar la Audiencia Provincial un recurso, la jueza de Tui citó a declarar como investigado a Pablo P.S-L. "Si una persona cambia la versión en las cinco ocasiones que ha ido a declarar como testigo y, a su vez, se contradice con otras testificales (...), es su deber aclarar ante la Justicia el motivo", ha apuntado la familia en un comunicado acerca del exnovio de Déborah que, ante la jueza, afirmó su inocencia, negó haber estado con la chica el día que desapareció y aseguró que no tenían contacto, porque habían roto tiempo atrás.
El cierre de una etapa en la instrucción de este caso no supone, con todo, "el final del proceso" para la familia. "El camino sigue, queda mucho por recorrer", ha apuntado Rosa Fernández-Cervera, hermana de Déborah, en declaraciones a Europa Press, al tiempo que ha recordado que hay por delante un plazo de otros 20 años para investigar al imputado.
De todos estos años de lucha, la portavoz de la familia ha sacado muchas lecciones, pero la más cruda es para ella que "tienes que luchar por tí misma, cuando el sistema te deja desamparada, cuando no hay autocrítica, y cuando matar a una niña de 21 años sale tan barato".
"Acataremos lo que decida el juzgado"
"Nosotros acataremos lo que decida el juzgado (en caso que archive las actuaciones definitivamente), pero eso no sería el final para mí, que quiero saber quién mató a mi hermana", ha proclamado, al tiempo que ha subrayado que el caso se reabrió y se activaron las diligencias (muchas que antes no se habían hecho) por la perseverancia de la familia, que ha tenido que "aprender de leyes, de investigación judicial, de autopsias, de ADN...".
Rosa Fernández-Cervera también ha hecho pública esta reflexión: "Hay una frase de Montesquieu que me gusta, que dice algo así como que cualquier injusticia sobre una persona representa una amenaza para todos los demás.... Esta frase en su día me removió el alma y supe entonces que debía hacer lo imposible por conseguir justicia para Déborah. Conseguirlo era una forma de que su muerte no fuese en vano, al menos permitiría que la persona que hizo tal atrocidad y que causó tanto dolor en tantos de nosotros no pudiese volver a hacerlo".