El proceso penal por la masacre de 6 jesuitas y dos mujeres (1989) en El Salvador "debe reabrirse", afirma José María Tojeira, uno de los principales impulsores de la causa.
La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó en septiembre de 2020 el cierre del proceso tras resolver tres recursos de casación a favor de los vinculados al crimen, incluido el expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994).
"Vamos a seguir en la lucha, vamos a seguir insistiendo que fue un acto corrupto de un par de jueces de la Sala de lo Penal, a los que hemos denunciado por prevaricación, y creemos que el caso debe reabrirse", dice el religioso, al tiempo que señala que ha pasado más de un año desde que se presentó un recurso para reconsiderar el fallo y la denuncia contra los jueces y estas demandas no se han resuelto.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó un recurso para revocar la decisión y recusó a los jueces José Argueta y Juan Bolaños, para que no conocieran la petición. Por su parte, la Universidad Centroamericana (UCA), en cuyo campus se dio la masacre, acusó a estos jueces ante la Fiscalía por el delito de prevaricación.
"El sistema judicial es un sistema en crisis que ha aumentado los niveles de corrupción muy fuertemente. El reclamo de la Fiscalía no lo han contestado, nosotros hemos denunciado por prevaricación a dos de los tres jueces de la Sala de lo Penal, eso está paralizado en la Fiscalía", afirma Tojeira.
Añade que la resolución que cerró el proceso fue "inconstitucional del todo" y que el recurso y la denuncia no han avanzado "por la ineficacia". Tojeira ¡indica que, a pesar que consideran inconstitucional la decisión de los jueces, no han acudido a la Sala de lo Constitucional por falta de confianza.
El pasado 1 de mayo, la Asamblea Legislativa de mayoría oficialista cesó a los magistrados constitucionalistas y nombró reemplazos, que Estados Unidos y otros sectores consideran "leales" al Gobierno de Nayib Bukele.
"Nosotros no los hemos hecho, porque no confiamos ni queremos darle legitimidad a esta Sala de lo Constitucionalidad impuesta", dijo el religioso, que también dirige el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca). Añadió: "El asunto está paralizado por el sistema judicial del país y por todos aquellos que tienen influencia y no quieren que se haga nada al respecto".
Tojeira ha dado estas declaraciones en el marco de la conmemoración del 32 aniversario de la masacre. Decenas de personas se congregaron la noche del sábado para participar en una misa, un acto cultural y escuchar el mensaje del rector de la UCA, Andreu Oliva, quien destacó que el legado de los jesuitas sigue vigente.