“Un conflicto político y con raíces democráticas debe hallar la salida en la negociación, en la política y en soluciones netamente democráticas”. Así ha justificado la consellera Meritxell Serret la estrategia que empleó en 2021 cuando se puso a disposición del Tribunal Supremo para ser juzgada por desobediencia, episodio que ha tenido lugar hoy en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en un juicio visto para sentencia. Ha sido la respuesta a la vía utilizada por Clara Ponsatí, que con su detención el martes en su regreso al Estado –quedando horas después en libertad– quiso plantar cara al juez Llarena y, de paso, afear la senda por la que discurre ahora ERC, escenificando así la batalla por el relato entre Junts y los republicanos, para colmo en un contexto de pugna electoral. Una nueva sacudida al tablero político y, sobre todo, en el seno del mundo independentista. Las críticas de la eurodiputada de JxCat no se quedaron ahí ya que acusó a la dirigente de Esquerra de viajar por el mundo poniendo “la bandera española a un tamaño tres veces más grande que la catalana”, y definió al Govern de Pere Aragonès como “una herramienta de la ocupación española”.
La posconvergencia sostiene que el inesperado retorno de la exconsellera “pone frente al espejo” a Serret –y a Anna Gabriel, la exdirigente de la CUP que también compareció ante el Supremo– y deja “descolocada” a la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, que sigue en Ginebra pese a estar acusada solo de desobediencia. Carles Puigdemont no tardó en abrazar el “acto de confrontación inteligente” de Ponsatí y hasta su abogado, Gonzalo Boye, aventura que el expresident volverá a Catalunya antes de que concluya el presente año. Más templado se ha mostrado el secretario general de Junts, Jordi Turull, que quiso suavizar el acento crítico de su formación con ERC, acompañando a Serret, asegurando que “no es día de reproches” y señalando que “todas las estrategias son legítimas”. El partido de Oriol Junqueras razona que si Ponsatí ha dado el paso de volver ha sido gracias a la reciente reforma del Código Penal, tan denostada por Junts, que ha permitido suprimir el delito de sedición y que le conduce a ser acusada solo de desobediencia, que no conlleva pena de prisión. Los republicanos, muy molestos, cargan contra la distopía de JxCat al entender que sus líderes arremeten contra la fórmula de diálogo con Moncloa, pero a la vez se benefician de los avances en la desjudicialización.
La imagen del subinspector de los Mossos deteniendo en pleno centro de Barcelona a Ponsatí circuló raudamente en redes sociales, con reproches de perfiles de JxCat a la actuación policial: “Fdgp”, tuiteó el diputado de Junts Salvador Vergés, letras que se hicieron virales al entenderse que significaban: “Fill de la gran puta”. El eurodiputado Toni Comín acusó a los Mossos de haber practicado una “detención ilegal” contra una persona que goza de “inmunidad” por su escaño en la Eurocámara, mientras que el diputado de la CUP en el Parlament Carles Riera tildó de “lamentable” que la Policía catalana “haya optado por obedecer las órdenes de Llarena” y Aragonès no lo haya impedido. Curiosamente, en este lustro Ponsatí siempre ha mostrado un perfil propio que no pocas veces ha incomodado a Junts, como cuando tildó de “farol” los hechos de 2017, y se erige en símbolo para los sectores independentistas más críticos con los partidos tradicionales, que especulan con la posible creación de un cuarto espacio, como el que en las municipales de 2019 quiso instaurar sin éxito Jordi Graupera, precisamente uno de los fichajes de la eurodiputada de Junts como asistente. Ponsatí “no tiene ninguna intención” de comparecer ante Llarena, quien la citó a declarar el próximo 24 de abril al “no ser el juzgado preestablecido por la ley”. “Hay un juez en Madrid que tiene muchas ganas de hablar conmigo. Yo no”, ha avanzado, anticipando que “de aquí a esa fecha pasarán muchas cosas”.
Y mientras ella está de vuelta en Bruselas para conminar a la Eurocámara que defienda su inmunidad, Serret ha acudido al TSJC para denunciar a quien quiere “criminalizar el legítimo proyecto independentista”. “La solución no estará nunca en los juzgados, será siempre política”, ha zanjado, bendecida por Aragonès, mientras Junqueras pide que “el conjunto del independentismo se ponga a luchar por el referéndum”. La Fiscalía ha puntualizado que “no se están criminalizando ideas ni se ha sentado en el banquillo a ningún votante del 1-O. Está aquí por desobedecer al TC”. Pero esa es otra batalla.