El Consejo Económico y Social (CES) vasco ha emitido un informe sobre la 'Ley Vasca de Cooperación y Solidaridad' en el que estima necesaria la modernización del actual marco normativo, "en vista de los cambios acaecidos en el contexto internacional y la cooperación vasca desde la aprobación de la ley vigente".
Este informe se ha realizado a solicitud de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo. En su respuesta, el Consejo considera "adecuada" la tramitación de la norma elaborada por el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, con algunas consideraciones como propuestas de mejora.
En su opinión, tras el transcurso de 15 años desde la aprobación de la Ley de Cooperación para el Desarrollo, "es necesaria una adecuación y actualización de la norma para poder avanzar hacia una política de cooperación vasca acorde a los desafíos globales actuales, que refuerce, a su vez, el compromiso solidario de Euskadi".
Asimismo, el dictamen incluye entre sus consideraciones generales la necesidad de revisar el rol asignado a las ONG para el Desarrollo, ya que "se percibe una dilución del papel sobre el que realmente estas organizaciones desempeñan", y señala que la finalidad de la ley de ampliar el elenco de agentes de cooperación "no es incompatible" con la labor que ejercen actualmente.
En ese sentido, el CES argumenta que las ONGD en Euskadi han desarrollado un "notable trabajo de articulación y conexión con distintos agentes de cooperación y la Sociedad Civil Organizada de los países del Sur", y destaca el "nivel de concienciación" que estas generan, "aglutinando a personas de diferentes características y circunstancias en la lucha contra las desigualdades y la defensa de los derechos humanos, y contribuyendo a cuestionar el mainstream mediático a través de sus narrativas".
FINANCIACIÓN
En cuanto a la financiación pública asignada a este ámbito, el consejo consultivo vasco valora positivamente que la norma recoja explícitamente el objetivo del sector público vasco de destinar el 0,7% de la renta nacional bruta a la Ayuda Oficial al Desarrollo, tal y como establece la ley de cooperación estatal, en función del acuerdo de la ONU.
No obstante, recomienda estudiar la posibilidad de determinar dicha aportación en el ámbito de Euskadi, y advierte que "una aportación económica privada no debería suponer, en ningún caso, una reducción de la aportación pública".
Por otro lado, el CES propone revisar las modalidades de cooperación y solidaridad entre los poderes públicos y agentes, en concreto, la modalidad de cooperación directa, para la que recomienda "tomar las precauciones necesarias para que dicha colaboración responda a los principios de complementariedad y eficiencia", y se eviten "duplicidades".
Además, el órgano consultivo vasco considera oportuno incorporar en la norma menciones al ámbito laboral, las condiciones de trabajo y los derechos laborales, así como a las organizaciones sindicales como agentes que contribuyen a los objetivos de la ley, teniendo en cuenta los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en concreto el Objetivo 8 sobre el trabajo decente.
Por último, el Consejo pone en valor varios aspectos de la norma, como, por ejemplo, que ésta "contribuya a avanzar hacia una mayor coordinación interinstitucional; que asuma el enfoque de coherencia de políticas para el desarrollo, implicando a otros departamentos de las instituciones a la hora de estar alineados y ser coherentes con los principios y objetivos de la política de cooperación; y que dote de mayor relevancia política y social a la cooperación vasca".