La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido aplazar su decisión sobre la petición de amparo que formuló el juez del caso Tsunami Democràtic, Manuel García Castellón, hasta que el Supremo resuelva si asume la investigación, como le pidió el propio magistrado por estar aforado el expresidente catalán Carles Puigdemont.
EL titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional solicitó el apoyo del órgano de gobierno de los jueces tras varias declaraciones de responsables políticos que insinuaron que prevaricó al dirigir la investigación de la causa contra Puigdemont por terrorismo en plena negociación de la investidura.
Según ha informado el CGPJ, se seguirá tramitando el expediente, pero no se tomará una decisión antes de que se pronuncie el Supremo porque si este tribunal asume el caso "el amparo solicitado quedaría sin objeto".
La decisión sobre si se admite a trámite una ampliación del primer amparo, tras las críticas del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, en el debate de investidura, también ha quedado aparcada.
El juez solicitó el apoyo del Consejo
En un primer momento, antes de que García Castellón se dirigiera al Supremo, la comisión permanente había acordado tramitar su solicitud de amparo al entender que podía haber "intención de influir en el procedimiento judicial, así como la de inquietarle o perturbarle en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales".
García Castellón solicitó apoyo del Consejo por unas declaraciones del hasta esta semana secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, y de la portavoz de la Generalitat de Cataluña, Patricia Plaja.
En una entrevista en Radio Popular-Herri Irratia, Rodríguez señaló: "Yo no tengo ni idea de si tiene una razón o no, pero qué casualidad que tiene que ser en este día, oye. Mira que podía haber sido un año y medio antes o un año y medio después, pues no. Tiene que ser justo en medio de las negociaciones. Si eso no es influir, que venga Dios y lo vea...".
Por su parte, Plaja criticó que a quienes les toca impartir justicia, "algunos, no todos, buscan no solo condicionar negociaciones políticas sino castigarlas, prevaricando".
García Castellón consideró que estas afirmaciones podrían suponer la comisión de un delito de calumnia con publicidad susceptible de ser perseguido de oficio y remitió su escrito también a la Fiscalía, pero el ministerio público consideró que no eran delito pese a lo "provocativas" que fueron esas palabras.