El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) baraja entre sus opciones la de rescatar el 'plan b' ideado en tiempos de Carlos Lesmes para aliviar la "insostenible" situación del Tribunal Supremo (TS), con 17 vacantes que en los próximos meses podrían aumentar a 20 --lo que supondrá el 25% de sus efectivos--, con un panorama especialmente preocupante en dos salas: la de lo Social y la de lo Contencioso-Administrativo.
Las fuentes del órgano de gobierno de los jueces consultadas por Europa Press explican que la decisión del PP de suspender las negociaciones con el PSOE para la renovación del CGPJ --caducado desde hace casi cuatro años--, debido a la intención del Gobierno de reformar el delito de sedición, abren una nueva etapa que obliga a tomar decisiones.
Situación insostenible
Una de las tareas más urgentes, según apuntan las citadas fuentes, es paliar como sea posible la situación del Supremo, que desde el alto tribunal insisten en que es "absolutamente insostenible", "terrible", por las vacantes surgidas desde la entrada en vigor de la reforma legal de marzo de 2021 que prohíbe a un CGPJ en funciones ir cubriendo las que se registren en lo altos tribunales.
En su día, cuando Lesmes aún ejercía la Presidencia del CGPJ y del TS, se barajó un "plan b" que consistiría en enviar efectivos al Supremo mediante planes de refuerzo, comisiones de servicios temporales o sustitución externa por catedráticos y altos funcionarios.
Un posible plan B
Estos parches se han ido aplicando ya en tribunales menores y, en su momento, el CGPJ optó por no hacerlo con el TS hasta que sus salas llegaran al extremo de no poder reunirse en secciones por falta de magistrados, algo que ya ocurre en las salas de lo Social y lo Contencioso-Administrativo, donde los magistrados se van turnando para tapar huecos.
Otra de las razones de que este 'plan b' no se haya activado ya para el TS es que hay dudas legales de que se pueda usar para cubrir las vacantes de magistrados. Así, algunas fuentes indican que podría servir para insuflar letrados en las salas más perjudicadas, algo que sería un alivio pero no la solución definitiva, recalcan desde el alto tribunal.
Medidas de auxilio
En cualquier caso, las fuentes llaman la atención sobre el hecho de que estas medidas de auxilio tendrían que contar con el visto bueno del Ministerio de Justicia, por ser quien debe autorizar la dotación económica para ello.
Asimismo, hacen hincapié en que nos encontramos en una fase embrionaria, por lo que se espera que en los próximos días y semanas se sucedan las reuniones entre los 18 vocales que componen actualmente el CGPJ para analizar el escenario y decidir los siguientes pasos.
Lo que tienen claro en el CGPJ es que son el gobierno del Poder Judicial, de modo que no cabe parálisis ninguna, sino seguir cumpliendo sus funciones en la medida en que la ley vigente se lo permite.
Lo social y lo contencioso, al límite
Dentro del TS la situación más asfixiante la sufre la Sala de lo Social. Cuenta con 8 magistrados, tras las recientes jubilaciones de su hasta ahora presidenta, María Luisa Segoviano, que ha sido sustituida por Rosa María Virolés --por ser la magistrada de mayor antigüedad--, y de Ricardo Bodas, cuando la Ley de Demarcación y Planta Judicial establece que debe estar constituida por 12 magistrados y el presidente: 13.
Esta sala lleva cuestiones tan relevantes como las reclamaciones laborales relacionadas con la COVID-19. De hecho, en el último pleno presidido por Segoviano se aprobó la sentencia que descarta la nulidad automática del despido acordado sin causa válida durante la pandemia.
También preocupa la situación de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. La ley le adjudica 33 magistrados --presidente incluido-- pero las sucesivas bajas la han dejado con 24 que pasarán a ser 23 el próximo 27 de diciembre por la jubilación de Octavio Herrero.
En esta sala hay pendientes dos asuntos destacados: los recursos de PP, Cs y Vox contra los indultos concedidos por el Gobierno español a presos del 'procés'; y los recursos formulados por el vocal Wenceslao Olea y el secretario del CGPJ, José Luis de Benito, contra el nombramiento de Rafael Mozo como presidente interino del CGPJ tras la dimisión de Lesmes.
La resolución de los recursos de Olea y De Benito cobra especial importancia en la actual coyuntura, por aclarará hasta dónde alcanza el poder de un CGPJ en funciones, así como la validez de los acuerdos adoptados con Mozo como "presidente suplente", en los que se enmarcarán cualquiera de los mencionados para rescatar al Supremo.
La Sala de lo Militar atraviesa asimismo una situación crítica por cuanto de los 8 magistrados que le otorga la ley solo conserva 6, que el 7 de septiembre de 2023 podrían quedar en 5 por la jubilación de Fernando Pignatelli.
Más holgada es la situación de las salas de lo Civil --con tan solo una vacante y 9 de sus 10 magistrados-- y lo Penal --que aguanta con sus 15 magistrados, aunque el 13 de abril de 2023 podría sufrir su primera salida por la jubilación de Miguel Colmenero.
Cabe recordar que esas 17 plazas desiertas en el TS forman parte de las 68 vacantes que hay a día de hoy en la cúpula judicial, entre las que también hay que sumar 30 en los tribunales superiores de justicia --incluidas siete presidencias--, 20 en las audiencias provinciales y una en la Audiencia Nacional.