El choque entre Escrivá e Iceta bloquea la transferencia del Ingreso Mínimo Vital

Las razones que explican el retraso a la hora de transferir a las instituciones vascas la gestión del Ingreso Mínimo Vital no hay que buscarlas en cuestiones exclusivamente técnicas, o en que sea una prestación nueva y aún en desarrollo por parte del Estado español. Existe un escollo político. La clave de este bloqueo reside en la discrepancia de criterios entre el Ministerio de Política Territorial que dirige Miquel Iceta, y el Ministerio de la Seguridad Social de José Luis Escrivá. En la reunión celebrada en marzo, Iceta garantizó a la consejera de Autogobierno, Olatz Garamendi, que el traspaso sería íntegro y sin escatimar funciones, tampoco la parte económica, de manera que la comunidad autónoma asumiría todo el proceso de principio a fin, y tramitaría, autorizaría y concedería la prestación. Escrivá está tratando de matizar ese compromiso y se niega a ceder la parte económica. Quiere que la Seguridad Social sea quien autorice los pagos, lo que plantea un problema político y también de eficiencia: por un lado, reduciría el papel de Lanbide a una mera ventanilla y, por otro, retrasaría la toma de decisiones porque la concesión de ayudas dependería de Madrid. Interpreta que la transferencia no debe ir más allá de los términos pactados en 2020 con el PNV en la encomienda de gestión, que se pensó como un modelo transitorio hasta que se cerrara la transferencia, pero ahora él quiere petrificarlo.

El traspaso está paralizado a expensas de que el presidente español, Pedro Sánchez, pulse el botón del desbloqueo, aclare qué criterio prevalece y dé un impulso político a un traspaso que tendría que haber llegado antes del 31 de octubre de 2020. El PNV espera que haga valer el compromiso político asumido por Iceta con el traspaso completo. En ese contexto, el portavoz jeltzale en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, aseguraba en la entrevista con DEIA publicada el pasado domingo que hace falta "un poco de jerarquía", y que "alguien diga" cuál es la voluntad política. Se quejaba de que el Gobierno español es "asimétrico" en lo que se refiere a los compromisos asumidos con el PNV porque algunos ministerios sí los impulsan, y otros no.

Con la encomienda de gestión, el ciudadano tiene que acudir a Lanbide a solicitar el Ingreso Mínimo Vital, pero Lanbide debe a su vez trasladar después esa información a la Seguridad Social para que ella decida. El Estado también abonaría el dinero. El PNV defiende un modelo integral, incorporar este asunto al sistema vasco de protección social con la Renta de Garantía de Ingresos, pagar desde Lanbide la ayuda a los ciudadanos que tuvieran derecho a ella y, a partir de ahí, habría que limar los detalles para ver si el modelo a aplicar sería descontar después ese dinero del Cupo que paga Euskadi al Estado por los servicios que presta en suelo vasco. Aplicando el porcentaje del Cupo, se descontaría el 6,24% de los 3.000 millones al año que se calcula que va a invertir el Gobierno español en todo el Estado. Otra opción que está sobrevolando en estas difíciles conversaciones es que el Estado pague por cada persona que tenga derecho a la prestación.

Escrivá se encuentra cómodo con la situación actual, una encomienda de gestión por la cual Lanbide solo asume las funciones iniciales en este proceso, recibe las peticiones ciudadanas y tramita el procedimiento administrativo, pero es el Instituto Nacional de la Seguridad Social quien dicta las resoluciones para reconocer el derecho a la prestación y ejerce la potestad sancionadora.

Escrivá se empeña en mantener el control sobre la prestación. Pero el PNV defiende que el traspaso sea íntegro, porque el artículo 10.12 del Estatuto de Gernika otorga a la comunidad autónoma la competencia exclusiva en materia de asistencia social. Creen que es una competencia exclusiva pura que no puede quedar laminada tampoco por la vía de la aprobación de legislación básica en el Estado. Por ello, el IMV debería gestionarse desde Euskadi y, según aportó el jeltzale Emilio Olabarria en un artículo publicado ayer por este medio, descontar después el dinero del Cupo. Las instituciones vascas tendrían que tramitar y conceder las ayudas, más aún teniendo en cuenta que los fines del Ingreso Mínimo Vital coinciden con la Renta de Garantía de Ingresos vasca que lleva décadas funcionando en la comunidad autónoma, según defienden los jeltzales.

En septiembre

La inquietud por este bloqueo se la han trasladado en persona los jeltzales a Sánchez, también al máximo nivel en contactos entre los socialistas y el PNV. Algunos mensajes lanzados en público por Iceta y por el PNV parecen confluir en torno a la idea de que este traspaso tiene que estar resuelto en septiembre. Iceta ha prometido una nueva reunión de la Comisión Mixta de Transferencias antes de que acabe el año, e incluso ha abierto la puerta a que sea en otoño y no en invierno. Los jeltzales piden cerrar el traspaso del IMV en septiembre, como lo hizo Andoni Ortuzar en Radio Euskadi. En cualquier caso, desde el Gobierno vasco no se ha cerrado ninguna fecha en ese sentido, más allá de que parezca que las agendas coinciden.

Aitor Esteban lleva días señalando a Escrivá como el artífice del bloqueo y está presionando en Madrid para que se supere, exprimiendo para ello la posición de influencia de un PNV cuyos votos son necesarios para que continúe la legislatura de Sánchez. La vicelehendakari segunda y líder del PSE, Idoia Mendia, tiene una buena relación con este ministro y ha mantenido contactos con él. Mendia ha presentado su propuesta de reforma de la RGI planteando como escenario que el IMV esté transferido para entonces. También ha defendido el traspaso íntegro.

Ministerios sin impulso. El PNV ha bautizado ya al Gobierno español como un Ejecutivo "asimétrico" en lo que concierne al grado de cumplimiento de los compromisos con los jeltzales por parte de los distintos ministerios. El PNV apela a Sánchez ante esta falta de coordinación y de una jerarquía clara entre lo que dicen unos ministros y la forma de enmendar lo pactado por parte de otros (no solo con Escrivá y el IMV, sino con el Tren de Alta Velocidad en Transportes).