El choque por la ‘ley trans’ y la de ‘trata’ provoca nuevas tensiones en Moncloa

La ley trans y la de trata vuelven a implosionar el Gobierno de coalición. En el primer caso, ante la falta de acuerdo sobre el derecho de los menores de 16 años a cambiar de sexo en el registro. Fue la ministra de Igualdad, Irene Montero, quien desveló que el PSOE se había decantado por mantener sus enmiendas planteando que un juez deba otorgar la autorización después de que en el proyecto remitido por el Ejecutivo al Congreso, la intervención de los magistrados quedaba limitada a los menores de 14 y mayores de 12, mientras que entre los 14 y los 16 años bastaba con que estuvieran asistidos por padres o tutores. Para el ministerio que lidera la dirigente de Unidas Podemos, así como para los colectivos LGTBI, estamos ante una ley “de mínimos” que debe ser respetada, pero sectores socialistas y parte del movimiento feminista cuestionan la libre autodeterminación del género.

Desde Moncloa, la ministra María Jesús Montero defendió la enmienda de su grupo apelando a que es “imprescindible” reforzar la seguridad jurídica de los menores en la futura normativa. La formación morada expresó su preocupación de que PSOE y PP unan sus votos “para recortar derechos en la infancias trans”, ley estrella de su área. Podemos acusó al PSOE de no respetar el pacto de Gobierno hasta el punto de que su coportavoz, Pablo Fernández, advirtió de que llegar a ese extremo sería “francamente inconcebible, preocupante y lamentable”.

Otra de las enmiendas fija que, en caso de que se quiera revertir el cambio de sexo en el registro, se tendrá que obtener aprobación judicial a través de un expediente de jurisdicción voluntaria. Actualmente, el proyecto de Ley contempla que esta reversibilidad se pueda solicitar a partir de los seis meses a través del mismo procedimiento regulado para el cambio registral, que no requiere autorización judicial en mayores de 14 años. Los morados trasladaron al PSOE que en materia de derechos de infancias trans, la doctrina del Tribunal Constitucional es clara y que varios menores han podido cambiar ya su género en el DNI. Al respecto, argumentaron ante el PSOE que el tribunal de garantías ya fijó como inconstitucional dejar fuera a los menores del derecho a decidir su libre identidad de género.

Negociación a contrarreloj

Pero el choque fue más allá y alcanzó a la ley integral contra la trata diseñado por el departamento de Justicia, que fue considerado “insuficiente” por Igualdad, lo que obligó a negociar contrarreloj el texto a pesar de que Pedro Sánchez anunciara horas antes que la norma será aprobada hoy por el Consejo de Ministros. Fuentes del Ministerio veían “imprescindible” incluir en la ley la posibilidad de que las víctimas de trata y explotación sexual que sean identificadas y estén en situación administrativa irregular accedan a un permiso de residencia y de trabajo y reciban atención social integral sin necesidad de colaboración policial o de denuncia, como el resto de víctimas de violencia contra las mujeres. El departamento de Irene Montero precisó que era necesario que el proceso de acreditación de las víctimas incluyera a las organizaciones que están a pie de calle y que tratan habitualmente con ellas, pidiendo que la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género sea considerado organismo competente en la lucha contra todas las formas de trata. “La propuesta de Justicia que actualmente se sigue negociando es insuficiente y no responde a lo demandado por los organismos internacionales”, al convenio de Varsovia contra la trata o a las demandas planteadas en numerosas ocasiones por las entidades expertas en atención a víctimas de trata y explotación sexual, destacaban.

Paralelamente, con la ley trans el planteamiento en concreto era seguir una estrategia similar a la Ley de Memoria Democrática, o como se trabaja en la derogación de la ley mordaza, para ir con un consenso a la ponencia, con vistas a que esa fase final de tramitación no derive en un retraso de la normativa. Fuentes del sector socialista del Ejecutivo dejaron muy claro a Unidas Podemos que las enmiendas no se iban a retirar. En la marca morada confiaban en que sucediera lo mismo que con la ley del solo sí es sí, cuando una enmienda socialista que planteaba la abolición de la prostitución, y que Igualdad rechazaba, fue suprimida al final por el PSOE ante el riesgo de que hiciera decaer la norma.

Ante este enquistamiento, el escenario más probable, sin un acuerdo definitivo, es que la ley trans pueda quedar aparcada indefinidamente. Al igual que con la sedición o la ley del matrato animal, los socialistas están empeñados en resolver todas las leyes conflictivas que manejan antes de que concluya el año para evitar que estas tensiones en la coalición lleguen vivas a 2023, un año electoral en el que el PSOE quiere evitar desgaste ante tanto ruido. El PP mostró su disposición para negociar siempre sobre la base de sus enmiendas al proyecto.