El debate sobre la energía nuclear resurge de forma periódica, especialmente en tiempos en los que, como los actuales, la factura energética de familias y empresas se encarece por factores de todo tipo, como la inflación gasística en Europa, la subida de los carburantes o una electricidad cuyos precios castigan a todos los segmentos de la economía. No obstante, más allá de estas consideraciones, lo cierto es que Europa aparece dividida en esta cuestión, mientras que en el Estado el consenso es el de avanzar en la generación de energías renovables.
Un reciente informe de la consultora PwC recoge que la industria vasca pagaría un 35% más por la electricidad si se ejecuta definitivamente el ‘apagón nuclear’. El pasado mes, y pese a la proposición no de Ley aprobada por el Congreso que insta al Gobierno a alargar la vida útil de las centrales, el Ministerio para la Transición Ecológica decidió mantener el calendario de cierre de las centrales nucleares españolas.
El calendario de cierre nuclear fue pactado en el año 2019 entre las compañías dueñas de las centrales y Enresa -la empresa pública responsable de la gestión de los residuos radiactivos y el desmantelamiento de las instalaciones nucleares- y está recogido en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030. Según este acuerdo, las siete centrales nucleares españolas deben cerrar de manera escalonada entre 2027 y 2035, comenzando por la de Almaraz (entre noviembre de 2027 y octubre de 2028) y terminando por la de Trillo en mayo de 2035. Pero las firmas que explotan las centrales consideran que el contexto es diferente al del año 2019, ya que los problemas de abastecimiento energético no eran tan acuciantes y, además, no existían sobre los combustibles fósiles las tensiones inflacionarias que se dan ahora.
Apuesta decidida por renovables
La vicepresidenta tercera del Ejecutivo y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, aseguró esta semana que el Gobierno “siempre está abierto al diálogo” respecto al futuro del parque nuclear, pero ha subrayado que, a día de hoy, “no hay ninguna novedad” y ninguna empresa ha pedido una modificación en el calendario de cierre de las plantas entre 2027 y 2035. Europa tiene que “pensar en esa autonomía estratégica, que es menos gas, más renovables y más producto autóctono a futuro”, subrayó la ministra, que negó que se hayan subido los impuestos a las nucleares. “La fiscalidad es la misma que existía en el año 2018”, dijo.
El documento de PwC estima que “en un escenario sin energía nuclear en España, los ciclos combinados tendrían que suplir prácticamente toda la pérdida de generación, lo que supondría un aumento del precio mayorista de la electricidad de unos 37 megavatios a la hora”. Además, PwC defiende que cuanto mayor sea la aportación de las tecnologías de “bajo coste variable” -entre las que incluye las energías renovables y la nuclear-, más se abaratará el precio de la electricidad. Asimismo, dice la consultora, “sin nuclear, el suministro de electricidad se vería comprometido” si hay fuerte demanda y baja contribución de renovables.
No obstante, es precisamente ese último camino, el de las energías renovables, el que se está abriendo camino de forma irreversible en detrimento de la nuclear, al menos en España. En Euskadi, fuentes de la administración vasca subrayan que la nuclear “no está en el horizonte ni en la agenda”. En cualquier caso, las mismas fuentes reconocen que es un debate que se ha reabierto en Europa a raíz de los problemas que afronta la UE para hacer acopio de gas. Tras la invasión rusa que derivó en un conflicto militar abierto con Ucrania, el aprovisionamiento de gas se ha encarecido de manera notable.
España compra gas principalmente a Argelia, pero también a Estados Unidos. Otros países europeos han optado por reemplazar el suministro de gas ruso con el de Qatar. En todo caso, se trata de un recurso que debe ser trasladado especialmente por barco en vez de por gasoductos a través del continente, lo que eleva los costes. Esto hace que algunos países se planteen una nueva apuesta por la nuclear, una fuente de energía más accesible pero con muchos más riesgos en materia medioambiental y de seguridad. Francia no se plantea dar marcha atrás en el uso de la nuclear y se plantea abrir nuevas ‘minicentrales’. Por contra, en Alemania, donde más se siente el corte de gas ruso, el planteamiento es de rechazo a la nuclear, dada la tradición del pensamiento opuesto a esta energía desde la Guerra Fría, y que se vio acentuado por episodios como el accidente en la central japonesa de Fukushima en el año 2011. Sin embargo, tampoco las renovables se están adueñando del esquema energético en el país, que sigue optando por mantener las centrales térmicas de carbón, que son muy contaminantes y no contribuyen a la sostenibilidad climática.
Donde sí hay consenso es en reclamar que se construyan unas mejores infraestructuras para el transporte de energía renovable. El informe de PwC recoge que “no será posible lograr la integración de tanta capacidad renovable sin el desarrollo a gran escala de almacenamiento, el cual va muy retrasado, no siendo realista el crecimiento esperado”. Esa misma petición la están haciendo pública diversas autoridades y empresarios vascos en los últimos tiempos, pues el diseño y construcción de nuevas redes de transporte energético, sobre todo de las que se produzcan por la acción de la eólica y la solar, podrían garantizar un suministro más asequible a todo el tejido industrial y doméstico, al tiempo que requerirían asimismo una inversión de la que podían beneficiarse las empresas vascas a través de pedidos para su diseño y ejecución. A corto plazo, en todo caso, desde el Gobierno vasco se sigue apostando por contribuir a la mejora del hub gasístico implementado en la península, ya que en el Puerto de Bilbao se ubica una de las plantas regasificadoras del Estado. España es el país con más instalaciones de este tipo, con siete de las veinte que existen en toda la UE. Además de la del Puerto de Bilbao, con 300.000 metros cúbicos de capacidad, se encuentran las de Barcelona -la más grande, con 760.000 metros cúbicos-, Cartagena, Huelva, Sagunto, A Coruña y Gijón, la última en comenzar a funcionar.