El CNI investigó al president de la Generalitat, Pere Aragonès, porque creía que era quien dirigía a los Comitès de Defensa de la República (CDR) y, por este motivo, se instaló el software 'Pegasus' en su móvil.
Fuentes consultadas este jueves han asegurado que los documentos sobre el espionaje a Aragonès que el Gobierno desclasificó parcialmente a petición del juez están "llenos de partes eliminadas", con páginas enteras tachadas, y que quieren estudiar esta documentación.
Todo esto surge un día antes de que la exdirectora del CNI Paz Esteban declare este viernes como investigada por la querella presentada por Aragonès por el caso de espionaje con 'Pegasus'.
Las fuentes han considerado que la justificación del CNI para intervenir el teléfono de Aragonès está "fuera de toda realidad" y que se trata de invenciones inverosímiles, dicen textualmente.
Espionaje
Este viernes, Esteban conectará desde Madrid por videoconferencia con el Juzgado de Instrucción 29 de Barcelona, y el juez y las partes la escucharán desde una sala de la Ciutat de la Justicia.
En diciembre, Aragonès, compareció ante el juez para ratificar la querella que inició esta causa, y en su declaración atribuyó al CNI el espionaje telefónico que sufrió.
Aragonès contó al juez que detectó el espionaje en julio de 2020 a raíz del informe de Citizen Lab que lo alertó de que había "varios indicadores de compromiso" en su teléfono.
A raíz de este aviso, encargó un informe pericial que detectó infecciones desde 2018 hasta marzo de 2020 y que habían llegado a su móvil a través de mensajes SMS que él no detectó en el momento, cuando era vicepresident de la Generalitat y conseller de Economía.
El Gobierno español se desvincula
El Gobierno español ha asegurado que las escuchas del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, se iniciaron antes de que Pedro Sánchez llegara a la Moncloa y que contaron siempre con autorización judicial.
Asimismo, fuentes del Gobierno han sostenido que ni el CNI ni el Tribunal Supremo tienen que informar al Gobierno de estas operaciones y que ha sido precisamente el Ejecutivo de Sánchez quien ha decidido colaborar con la justicia y desclasificar esta información a petición de un juez, "siempre con el límite de la seguridad nacional", han subrayado las citadas fuentes.
Por otro lado, han apuntado que esta información demuestra que "ahora funciona el Estado de derecho y se actúa con transparencia". "Nada que ver con la policía paralela y la guerra sucia de la etapa del PP", han reprochado.