El cobro tardío de facturas condiciona la inversión de la mayoría de empresas vascas

Una empresa puede tardar cerca de tres meses en cobrar una factura. Esto, lógicamente, complica las inversiones futuras de las compañías que están a la espera de un cobro. Exactamente las empresas europeas dedican 10,4 horas a la semana a perseguir los impagos, lo que equivale a un total de 74 días al año, 81 días en el caso del Estado.

Este cobro tardío es precisamente una de las principales preocupaciones de las empresas vascas, según revela la última edición del Informe Europeo de Pagos de Intrum, que analiza la salud financiera y las tendencias de pago de 10.566 empresas de 25 países europeos, 800 de ellas españolas.

Este estudio contiene algunos datos reveladores sobre las empresas vascas. Así, el 85% de las organizaciones de la CAV (el mismo porcentaje que las españolas) que participaron en el informe señala que el retraso en el cobro de facturas le está obstaculizando la inversión en iniciativas estratégicas de crecimiento.

En concreto, el 55% (53% a nivel nacional) considera que le obstaculiza “un poco”, el 25% (23% en términos nacionales) refiere que “de forma significativa”, y el 5% (9% en España) responde que lo está haciendo “muy significativamente”.

“Perseguir los pagos lleva mucho tiempo: una media de 81 días al año. Por eso, unos cobros más eficientes permitirían a las empresas centrarse en su actividad e invertir sus esfuerzos en su crecimiento o en mejorar los resultados de sostenibilidad. También ayudará a que paguen con más rapidez a sus proveedores, creando un circulo virtuoso de pronto pago”, explica Antonio Fernández, director de Desarrollo de Negocio de Intrum España.

Este retraso influye además en la contratación de nuevos empleados, en la posibilidad de que se produzcan despidos, complica la innovación, supone costes de financiación adicionales y origina problemas de liquidez. En definitiva, impide el crecimiento y amenaza la supervivencia de la organización empresarial. Pero, además, genera otro problema añadido: el estrés. El 20% de las compañías encuestadas asegura que el retraso en los pagos aumenta el nivel de estrés/ ansiedad entre los trabajadores.

Aplazamientos

Otro dato es que más de la mitad de las empresas españolas (el 54%) dice que está gestionando un número cada vez mayor de solicitudes para aplazar la emisión de facturas, lo que le supone más tiempo y recursos. Y un 55% asegura que cada vez le resulta más difícil acordar con sus clientes unas condiciones de pago que sean mutuamente beneficiosas, lo que lleva a negociaciones prolongadas. Ante esta situación, las empresas necesitan gestionar mejor sus costes y la “necesidad de invertir en capacidades para reducir eficazmente los impagos”, señala José Luis Bellosta, Managing, director de Intrum. “Ante esta problemática, la mayoría opta por centrarse en la gestión de la morosidad temprana, lo que les ayuda a mejorar sus pagos, manteniendo la relaciones con sus clientes, pero reduce las posibilidades de éxito en impagos más antiguos y complejos”, añade.

El informe añade que crecen las empresas que aplican la Directiva Europea de Morosidad, lo que “probablemente sea consecuencia del incremento de los impagos”. En concreto, el 46% afirma estar haciendo uso de esta normativa, permitiendo cobrar a sus clientes comisiones e intereses por cada retraso.

Asimismo, se ha incrementado el número de empresas que apuestan por disponer de un código ético que fomente la cultura del “pronto pago”.

Mayor debilidad

Por otro lado, el estudio pone de manifiesto que el 28% de las empresas vascas cree que su negocio es más débil ahora que hace un año en términos de ingresos, eficiencia y resiliencia. Este porcentaje es más elevado que a nivel estatal, donde la cifra de compañías que ve su negocio más debilitado que hace un año se sitúa en el 39%.

No obstante, el Estado español está entre los países con una percepción menos negativa, al colocarse por debajo de la media europea (44%). España aparece concretamente en la cuarta posición por la cola, por encima de Bélgica (38%), Países Bajos (38%) e Irlanda (36%), y por debajo de territorios como Alemania (48%), Francia (44%) e Italia (42%).

En otro extremo figuran Croacia (55%), Hungría (51%) y Austria, Eslovenia, Portugal, República Checa y Serbia, todos con un 49%. l