El fiscalista Carlos Cruzado, presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda, ha escrito, junto con José M. Mollinedo, ‘Los ricos no pagan IRPF’ (Capitán Swing), donde piden cambios para un sistema tributario más justo.
El libro tiene un título rotundo que da que pensar.
—Se ha tomado alguna medida de forma reciente, pero muy limitada, porque el diagnóstico sigue siendo el mismo. El sistema tributario tiene que cambiar. Además de lo que respecta al IRPF, nosotros analizamos otros impuestos, como el de Sociedades o el de Patrimonio, que vemos que los ricos no pagan en su justa medida. Creemos que no se está dando una aplicación efectiva al 100% de los principios del artículo 31 de la Constitución, que son que el sistema de impuestos debe regirse por la igualdad, la generalidad y la progresividad. También recogemos otras ideas en el libro, como la enorme cifra de economía sumergida y fraude fiscal, y la insuficiente capacidad recaudatoria, lo que afecta al Estado de Bienestar.
¿Las reformas en el pasado del sistema han sido, entonces, más simbólicas que reales
—Creemos quedesde finales de los 70 lo que se ha dado es un parcheo. Los sucesivos gobiernos que han pasado han afrontado algunas modificaciones, pero más con la vista puesta en fines electorales que a largo plazo. Sería deseable un pacto de Estado, aunque ahora con la polarización política existente resulte un sueño.
En el libro explican que “las personas más pobres pagan más impuestos (en términos relativos a sus ingresos) que las pertenecientes a las de clase media, debido sobre todo a las cotizaciones y los impuestos indirectos”.
—Todo eso es consecuencia de un cambio que se va fraguando desde los años 80, cuando en Estados Unidos y Europa, de mano de Reagan y Thatcher, empieza a calar la idea de que es mejor rebajar la carga fiscal a empresas y ricos, que la progresividad es un lastre. Es una idea que se contagió de los partidos conservadores a los socialdemócratas. Eso parece que ahora empieza a cambiar con el rechazo masivo que hubo hace dos años en Reino Unido a la política fiscal de la entonces primera ministra Liz Truss, basada en la rebaja de impuestos. Organismos internacionales como el FMI, el G20 o el BCE fueron muy críticos. De hecho, el problema que empieza a preocupar a estos organismos es el crecimiento de la desigualdad.
“ Sería deseable un pacto de Estado en materia fiscal, pero con la polarización existente resulta un sueño ”
¿Fraude llama a más fraude? ¿Los casos conocidos provocan que, en vez de reducirse, las fórmulas para cometerlo aumenten?
—Por un lado, entre quienes pagan sus impuestos, el fraude produce enfado. Estos escándalos nacen de investigaciones periodísticas, que van por delante de la vigilancia. La respuesta por parte de la Agencia Tributaria deja mucho que desear, porque da muchas opciones de que estas personas regularicen sus cuentas y queden libres de responsabilidades penales.
En 2012 se decretó una amnistía fiscal, declarada posteriormente inconstitucional. ¿Se podría producir un nuevo episodio así?
—Aquella amnistía fue con un Gobierno del PP, aunque también hubo otras previamente con los gobiernos socialistas. Sin olvidar el comportamiento que se tuvo con la lista Falciani en 2010, que consideramos también como otra amnistía por el PSOE. Vemos falta de voluntad política para endurecer la lucha contra la corrupción. Los ciudadanos lo perciben como una excusa para no cumplir con sus obligaciones, por eso es importante que las élites políticas y económicas den ejemplo. El anterior presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, decía que la ley estaba hecha para el robagallinas. Es una realidad. El Código Penal es muy benevolente con el gran defraudador.
¿Cómo daña a las arcas públicas la ingeniería fiscal de grandes empresas para tributar en terceros países?
—Es un perjuicio considerable. Tenemos en la UE países que hacen competencia fiscal al resto, y que dan facilidades a grandes empresas, como Irlanda, Luxemburgo, Malta o Países Bajos. La UE sacó una lista de paraísos fiscales, pero si aplicamos esos criterios vemos que hay países europeos que también están en esa situación.
“ La propuesta de financiación de la Generalitat catalana tiene difícil encaje en la Constitución ”
¿La Agencia Tributaria debería haber investigado antes al rey emérito?
-Nunca se abrió una inspección por parte de la Agencia y eso es lo que motivó que pudiera regularizar su dinero. Cuando aparecieron las primeras informaciones sobre Corinna Larsen, nosotros entendíamos que había indicios suficientes para abrir investigación sobre testaferros y cuentas en Suiza, que luego se vio que existían. La Fiscalía Anticorrupción consideró, en un informe enviado a la Audiencia Nacional, que había indicios que justificaban una investigación para depurar posibles responsabilidades penales. Luego, aparecieron más informaciones y el rey Felipe VI apartó al emérito de sus ocupaciones, reconociendo la titularidad de esas fundaciones en Suiza. La inactividad de la Agencia Tributaria posibilitó que se hicieran estas regularizaciones, lo que le le libraba de responsabilidad penal.
-¿Cree viable la propuesta de financiación que plantea ahora la Generalitat catalana?
Es un planteamiento que analiza sistemas federales y confederales, como Alemania y Suiza, pero el nuestro, con la excepción de las haciendas forales y Navarra, no contempla otra excepción. Esta propuesta tiene difícil encaje en la Constitución. Se habla de un fondo de solidaridad como justificación para no romper con el espíritu constitucional, pero tampoco se concreta. Es una propuesta que se hace en época electoral y así hay que verla.