El comisario europeo de Justicia hace "seguimiento" del caso de Ponsatí

El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, ha dicho este miércoles que está haciendo "seguimiento" de la situación de la eurodiputada Clara Ponsatí, detenida la víspera durante cinco horas en Catalunya, como "cada vez que se produce un caso de esta naturaleza".

"Como saben, no intervenimos directamente en casos individuales, pero obviamente hacemos un seguimiento de la situación cada vez que se produce un caso de esta naturaleza", dijo Reynders en una rueda de prensa.

El político belga indicó que fue informado este martes por la tarde de la detención de Ponsatí en Barcelona, tras intervenir en una comisión en la Eurocámara, y que todavía no se ha puesto "en contacto personalmente con las autoridades españolas".

Amparo a la Eurocámara

La exconsellera y eurodiputada de Junts tiene previsto asistir esta tarde en Bruselas al pleno del Parlamento Europeo, a cuya presidenta Roberta Metsola ha pedido la defensa de su inmunidad tras ser detenida en Catalunya y quedar en libertad cinco horas después sin el cargo de rebeldía, pero sí con el de desobediencia, que acarrea inhabilitación.

"Existen disposiciones que permiten efectuar detenciones" de eurodiputados, señaló el comisario, que en este sentido recordó que "ha habido varias detenciones en varios casos, tanto de parlamentarios nacionales como de parlamentarios europeos".

"Evidentemente, los servicios jurídicos han comprobado la situación exacta de estos parlamentarios y vamos a ver qué información nos facilitan las propias autoridades españolas", indicó Reynders, que insistió en que "de momento no tengo más información".

Cinco años fuera

La europarlamentaria llevaba desde 2017 fuera del Estado, con estancias en Bélgica y el Reino Unido, sin que fructificaran varias órdenes europeas de detención emitidas por la Justicia española, en medio además de una disputa sobre si tiene o no inmunidad como eurodiputada.

Antes de su regreso, Ponsatí había recurrido sin éxito la orden de detención por desobediencia, al considerar que como eurodiputada dispone de inmunidad parlamentaria y que su presunto delito ya habría prescrito.

La ahora eurodiputada era responsable de Educación en el Gobierno regional de Catalunya cuando se proclamó de forma unilateral la independencia y era uno de sus miembros reclamados por la Justicia española tras huir del país, junto a otros como el entonces presidente catalán Carles Puigdemont, también europarlamentario.