BILBAO – Los representantes de los trabajadores y la dirección de Tubacex retomaron ayer las negociaciones tras más de cinco meses de huelga. La reunión empezó a las 10.30 de la mañana y se prolongó durante diez horas con una pausa para comer e interrupciones para analizar los movimientos del que se sentaba enfrente. No hubo acuerdo, pero sí se sentaron las bases para conseguirlo. Ambas partes están dispuestas a ampliar el espectro de las bajas voluntarias, prejubilaciones y rescisiones de contratos incentivadas. El principal obstáculo es el recurso que ha presentado la compañía al Tribunal Supremo tras el fallo que anula los 129 despidos.
Los sindicatos estiman que mantener la vía judicial abierta es jugar con cartas marcadas: si el Supremo confirma los despidos, la compañía no tendría necesidad de negociar y volvería a tener en sus manos el control de la partida. La empresa, en cambio, quiere evitar que el enfrentamiento vuelva al kilómetro cero: el debate sobre si es necesario un ajuste estructural de la plantilla o si las estrecheces actuales son solo fruto del impacto del coronavirus. Fuentes del comité de empresa explicaron, en torno a las 21.30 horas, la claves de la negociación que se abre ahora.
Los representantes de los trabajadores pidieron a la compañía la retirada del recurso "a cambio" de abrir un "proceso de nuevas bajas voluntarias y prejubilaciones". En ese caso, el comité renunciaría al compromiso de contratación de personal recogido en el convenio. En contraprestación, la empresa estaría obligada cerrar el grifo de la subcontratación y, además, no se produciría ninguna salida traumática.
La dirección, por su parte, se negó a retirar el recurso, pero sí admitió la posibilidad de negociar medidas que permitan minimizar los despedidos vía jubilaciones anticipadas y con condiciones más atractivas para los que decidan irse de la compañía de forma voluntaria. La música es hasta cierto punto parecida en ambos frentes, la letra cambia de la noche al día en lo relativo al recurso judicial.
El comité de empresa aseguró que la "prioridad" de Tubacex es desconvocar la huelga "de forma inminente" y la plantilla accedería a hacerlo sin se cumplen sus condiciones. La propuesta de la empresa les parece por ahora "insuficiente". Aunque requiere una valoración más amplia, la mayoría del comité considera que no se dan las circunstancias para poner fin a la huelga.
Antes de la sentencia que anula los despidos, la dirección ya había dado un paso de gigante en la pugna. Su intención de aligerar la plantilla se había centrado principalmente en 95 rescisiones de contrato forzosas, pero también había pactado 12 prejubilaciones y 22 bajas incentivadas. Estos últimos trabajadores han quedado ahora en un limbo tras la sentencia que anula el ERE. Habían abandonado la compañía con unas condiciones que consideraban satisfactorias y un fallo judicial les sitúa de nuevo en la casilla de salida. El reto es ahora ampliar el personal que está dispuesto a explorar esa vía.