El Concierto fiscal para Catalunya, más allá del cabreo entre sus barones y que debe pasar por el Congreso para salir adelante, ha sido el último conejo de la chistera que se ha sacado Pedro Sánchez para atraer a los soberanistas, principalmente a Esquerra, a cambio esta vez de colocar a Salvador Illa al frente de la Generalitat, una carta que el líder del PSOE necesita ante la debilidad territorial del partido. El presidente del Ejecutivo español ha ido lanzando ganchos desde la pasada legislatura para mantener el respaldo de unas fuerzas a las que necesita para mantenerse en Moncloa. Desde los indultos a la ley de amnistía, pasando por la eliminación de la sedición o la rebaja de las penas de malversación. Como diría Sánchez, haciendo “de la necesidad virtud” y en aras de la “convivencia”.
Esta senda arrancó en junio de 2021, cuando el Consejo de Ministros aprobó conceder nueve indultos parciales a los líderes del procés, conmutándoles lo que les quedaba por cumplir de sus penas de prisión pero manteniendo la inhabilitación. Oriol Junqueras, Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Josep Rull, Jordi Turull, Carme Forcadell y Dolors Bassa se vieron beneficiados por los mismos, condicionados a que no cometerían un delito grave durante un plazo de tiempo determinado. PP, Vox y C’s interpusieron recursos ante el Supremo para revisarlos, pero fueron desestimados al no tener como partidos la legitimidad de cuestionar los indultos.
Posteriormente, en diciembre de 2022, el Senado dio luz verde a la reforma del Código Penal para eliminar la sedición y también rebajar las penas en algunos supuestos del de malversación. Así, se eliminó el artículo 544 del Código Penal que recogía el delito de sedición, penado con entre 10 y 15 años de cárcel e inhabilitación para crear uno nuevo de desórdenes públicos agravados en el artículo 557, donde las penas equiparables al tipo derogado van de los 3 a 5 años de cárcel y 6 a 8 de inhabilitación.
Ante la aritmética parlamentaria, a Sánchez no le quedó otra con ceder la amnistía que, sin embargo, puede no alcanzar a Carles Puigdemont. La ley, que entró en vigor tras ser aprobada en el Congreso a finales de mayo, supone anular penas relacionadas con el procés. Antes, el líder socialista acordó con ERC y Junts crear tres comisiones de investigación a cambio de la elección de Francina Armengol como presidenta del Congreso: una, para abordar la denominada Operación Catalunya atribuida al Ministerio del Interior del primer Gobierno de Mariano Rajoy; otra, centrada en el espionaje a los independentistas con el programa Pegasus; y una tercera para ahondar en los atentados yihadistas perpetrados en agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils. Asimismo, se acordó una reforma del reglamento de esta Cámara para blindar el uso de las lenguas cooficiales, que ahora ya son habituales en las sesiones plenarias del Congreso, aunque no tiene el alcance pretendido en la Eurocámara.
Para sacar adelante medidas anticrisis Sánchez cedió a Junts la delegación de las competencias sobre inmigración, al menos en lo que se refiere a ordenación, algo que está sin concretar, así como el traspaso integral de los Cercanías (Rodalies). La salida de Catalunya del régimen común de financiación de las comunidades, acordada con ERC, con la incorporación de un Concierto económico a la vasca, puede derivar en una concesión boomerang.