El Pleno del Congreso aprobará este jueves el proyecto de Ley de Memoria Democrática, un texto que ya fue avalado en la Comisión Constitucional con el respaldo de PSOE, Unidas Podemos, el PNV y EH Bildu frente al 'no' del PP, Vox y Ciudadanos. Esquerra Republicana optó por la abstención porque aunque aprecia tras los últimos cambios introducidos, le sigue pareciendo insuficiente.
El proyecto legislativo seguirá después su tramitación parlamentaria en el Senado. La ley sustituye a la de Memoria Histórica aprobada en 2007 e introduce importantes novedades.
Se declara ilegal el régimen franquista
Gracias a una enmienda transaccional pactada con Más País y el PdCAT la ley declara ilegal el régimen franquista. El texto de la ley mantiene que "se declara ilegal el régimen surgido de la contienda militar iniciada con un golpe militar y que, como consecuencia de las luchas de los movimientos sociales antifranquistas y de diferentes actores políticos, fue sustituido con la proclamación de un Estado Social y Democrático de Derecho a la entrada en vigor de la Constitución el 29 de diciembre de 1978, tras la Transición democrática".
No es una medida solo simbólica ya que implica que los afectados que lo soliciten podrán lograr que se declaren ilegales las sentencias y sanciones que dictaron los tribunales franquistas.
Se amplia la aplicación temporal de la ley de 1978 a finales de 1983
Este punto es una de las enmiendas que han sido pactadas con EH Bildu, y recoge que la ley se podrá aplicar cinco años más allá de la transición, hasta 1983, año en el que empezó la guerra sucia contra ETA con la actividad del GAL.
Además, se establece que se creara una comisión independiente con el objetivo de esclarecer las "violaciones de derechos humanos" que se cometieron durante el franquismo, hasta 1983.
La ley reconoce como víctimas al euskera, el catalán y el gallego
La ley no solo reconoce que el franquismo utilizó la estrategia de perseguir el uso de las lenguas cooficiales, sino que contempla como víctimas no solo a las lenguas sino también a sus comunidades además de a la cultura vasca, catalana y gallega.
La nueva legislación establece que los hablantes de euskera, catalán y gallego fueron perseguidos por el mero hecho de utilizar su lengua.
Fuerte de San Cristóbal y el palacio de La Cumbre
Se calcula que por el Fuerte de San Cristóbal pasaron durante el franquismo 7.000 presos políticos republicanos, entre ellos, los 800 que protagonizaron la fuga de 1938. El Palacio de la Cumbre en Donostia sirvió de residencia de verano a personalidades del régimen y en 1983 fue utilizado par secuestrar, torturar y asesinar a Joxean Lasa y Joxi Zabala.
Ambos lugares son emblemas de la represión y una enmienda pactada por EH Bilu con el Gobierno ha conseguido que la ley convierta la fuerte de San Cristobal en un espacio de memoria y que el Gobierno español ceda el palacio al ayuntamiento de Donostia.
Se retiran los títulos nobiliarios a dirigentes franquistas
Se retirarán hasta 33 títulos que fueron concedidos entre 1948 y 1978 a personas relacionadas con el régimen. Entre ellos, el marquesado de Arias Navarro, el reconocimiento concedido a Queipo de Llano o a Mola. También el condado que Franco otorgó a Pilar Primo de Ribera.
El Valle de los Caídos pasa a denominarse Cuelgamuros
Y después de la inhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos, este lugar tan emblemático cambia su denominación y pasará a llamarse simplemente Cuelgamuros. Además, la ley contempla que se convierta en un espacio de memoria que difunda lo sucedido durante le franquismo.