El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves la primera parte de la reforma de pensiones que plantea el Gobierno, derogando los elementos centrales diseñados por el PP en 2013 e imponiendo la vuelta al IPC como referencia para revalorizar las prestaciones y el fin del factor de sostenibilidad, que no ha llegado a entrar en vigor.
El proyecto de ley ha sido aprobado con los votos del PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana, el PNV, el PDeCAT, Junts, Más País-Equo, Compromis, Nueva Canarias, Teruel Existe y el PRC. El PP, Vox, Ciudadanos, la CUP, UPN, Coalición Canaria, Foro Asturias y el BNG han votado en contra, mientras que EH-Bildu se ha abstenido.
A partir de ahora, la reforma pasa a tramitarse en el Senado, donde deberá completar su tramitación y, en caso de sufrir variaciones, estos cambios deberán volver a ser votados de nuevo en el Congreso, que tiene la última palabra.
ESCRIVÁ DEFIENDE UNA REFORMA CON VOCACIÓN DE PERMANENCIA
Tras el debate en el Pleno del Congreso, el ministro de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha reivindicado que esta reforma "nace desde el consenso y a través del consenso", a partir de las recomendaciones del Pacto de Toledo aprobadas hace justo un año, "ambiciosas y minuciosas", y por ello ha justificado abordar la reforma "en varias fases".
La aprobada este jueves, ha subrayado, "trae certidumbre y seguridad a los pensionistas de ahora futuros", con un nuevo "marco estable" y con "ambición de permanencia", en el que se garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo y se reestablece, ha dicho, la transparencia en las cuentas del sistema.
El ministro ha señalado que queda pendiente el desarrollo de los planes de pensiones de empresa, la reforma del régimen de autónomos y el desarrollo también de la Agencia de Seguridad Social, tareas para las que ha tendido la mano a los grupos que han apoyado la primera parte, pero también a los que no lo han hecho.
SUBIDA DE COTIZACIONES PARA LLENAR LA 'HUCHA'
Para compensar la derogación del factor de sostenibilidad, que recortaba la cuantía inicial de la pensión en función del aumento de la esperanza de vida, la reforma contempla aumentar 0,6 puntos las cotizaciones durante diez años, entre 2023 y 2032, para llenar la 'hucha' de las pensiones y enfrentar la jubilación de los 'baby boomers'.
Bautizado como mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), este recurso se ha incorporado en la tramitación en el Congreso de la reforma, tras el acuerdo alcanzado hace unas semanas por el Ejecutivo con los sindicatos CCOO y UGT, con el rechazo de la patronal.
ACORDADA EN EL DIÁLOGO SOCIAL, CUESTIONADA POR LA OPOSICIÓN
Sin ese mecanismo, la reforma llegó a las Cortes el pasado verano de la mano del acuerdo alcanzado en julio por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, con los sindicatos y las patronales del diálogo social, a partir de las nuevas recomendaciones del Pacto de Toledo. Unas recomendaciones, además, aprobadas hace justo un año, en noviembre de 2021, con amplio consenso en el Congreso.
Sin embargo, al llegar a la Cámara el PP y Vox trataron de tumbar el proyecto con sendas enmiendas a la totalidad, esgrimiendo los 'populares' que el ministro presentaba una reforma incompleta, sin el citado MEI, y propugnó la vuelta a la fallida reforma del Gobierno de Rajoy.
TRANSFERENCIA EN PGE Y AUDITORÍA PARA CLARIFICAR LAS CUENTAS
Además de la derogación de los elementos centrales de la reforma del PP, también contempla una batería de incentivos y penalizaciones dirigida a retrasar la edad de jubilación efectiva y acercarla a la edad legal, y consagra por ley el refuerzo de los ingresos de la Seguridad Social a través de los Presupuestos Generales del Estado.
Para ello, establece que cada año las cuentas contemplarán una transferencia para la financiación de beneficios y exenciones en cotizaciones, complementos y prestaciones de carácter social, identificados como gastos asumidos de forma impropia en el sistema.
Precisamente, a instancias de ERC y Bildu, la reforma obliga por ley al Gobierno a encargar una auditoría en el plazo de un mes para cuantificar, con arreglo a todos sus ingresos por cotizaciones, qué factura ha venido asumiendo ajena al gasto en pensiones contributivas, entre 1967 y 2019, engordando los 'números rojos' del sistema.
PENSIÓN DE VIUDEDAD PARA PAREJAS DE HECHO Y LARGAS CARRERAS
Otros cambios incorporados es la ampliación en el acceso a la pensión de viudedad por parte de las parejas de hecho, a instancias de Más País-Equo, y el reconocimiento de un complemento a la pensión para carreras de cotización de 40 años que no alcancen 900 euros.
La mejora de las pensiones de las personas con largas carreras de cotización cuya jubilación precipitó la anterior crisis ha sido una reclamación constante de los colectivos de pensionistas, tanto durante las negociaciones para el nuevo Pacto de Toledo como en la reforma.
Esta ya recogía complementos en determinados supuestos, que se amplían tras las enmiendas, pero colectivos de pensionistas ya han advertido de su insuficiencia, algo también reconocido por varios grupos. En el articulado también se encarga al Gobierno, a propuesta del PDeCAT, la evaluación de las medidas compensatorias aprobadas para analizar si deben llevarse más allá.
No es el único informe que prevé la reforma, que también encarga otra para analizar la situación de protección social de las personas discapacitadas. Otra medida aprobada en la tramitación parlamentaria es la prolongación hasta los 72 años la jubilación forzosa de notarios y registradores, ambas medidas a propuesta del PDeCAT.
LIGAR LA EVOLUCIÓN DE LAS PENSIONES MÍNIMAS AL SMI
Otra de las cuestiones pendientes de la reforma, y una de las demandas de los socios del Gobierno, es la mejora de las pensiones mínimas, una tarea que la propia reforma reconoce como tarea pendiente al mandatar al Gobierno a abordar una revisión de los criterios para determinar sus cuantías con el fin de garantizar su suficiencia.
Así, según la enmienda aprobada por el Congreso en la reforma, el Gobierno impulsará en el plazo máximo de un año las modificaciones normativas necesarias para establecer reglas relativas a la evolución de estas pensiones teniendo en cuenta la evolución del salario mínimo interprofesional, garantizando la sostenibilidad financiera del sistema público de pensiones.