El Convenio Económico que regula las relaciones entre Navarra y el Estado ha recibido este jueves el respaldo mayoritario del Congreso de los Diputados. Todos los grupos de la Cámara Baja, excepto Ciudadanos y Vox, han dado su aval a los acuerdos que previamente habían alcanzado los gobiernos central y foral para la concertación de nuevos impuestos.
El proyecto de ley aprobado señala que la Hacienda Foral pasará a gestionar estos tributos de reciente aplicación, como el gravamen especial sobre los envases de plástico no reutilizables o el Impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas.
Fuera del Convenio con Navarra quedan el impuesto a la banca y a las energéticas, que los gestiona el Estado y le compensa después a la Comunidad Foral con el 1,6% del total recaudado y con los que el Ejecutivo foral prevé ingresar en 2023 y 2024 un total de 104 millones de euros, incluido lo que aporte el impuesto sobre envases de plástico no reutilizable.
En el caso del nuevo impuesto de grandes fortunas que se aplicará en el Estado, Navarra lo asumirá con normativa propia, pero no tendrá aplicación en la práctica, dado que en la Comunidad Foral seguirá vigente el Impuesto de Patrimonio.
El CUPO VASCO
Este debate ha servido también para dar luz verde a los proyectos de ley que actualizan la metodología de cálculo del Cupo vasco para el quinquenio 2022-2026 e incorporan a la CAV estos mismos impuestos.
En cuanto al Cupo, el acuerdo fija provisionalmente el año base en 1.472 millones de euros, una cantidad muy similar a la desembolsada el pasado ejercicio y que se destina a la financiación de los servicios que el Estado presta en la CAV.
La portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, durante el pleno.
DEBATE ENCONADO
Los tres proyectos de ley, contra los que Ciudadanos y Vox habían presentado sendas enmiendas a la totalidad, han sido defendidos por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien ha subrayado el encaje constitucional tanto del Convenio navarro, como del Concierto y el Cupo vascos.
“Las enmiendas a la totalidad nos sorprenden por el desconocimiento de la realidad del país”, ha dicho la ministra, que ha considerado que “estas enmiendas son una falta de respeto a los ciudadanos navarros y vascos, al resto del país y a las instituciones”.
Contra estos acuerdos se ha posicionado la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que ha recordado que en 2017, cuando Montero era consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, dijo que había “falta de transparencia en el Cupo vasco”, porque primero se pacta y luego se articula un texto legal. “Están aprobando una nueva estafa al conjunto de los españoles”, ha añadido Arrimadas.
Parecido tono y fondo ha utilizado la diputada de Vox Inés Cañizares, para quien “los regímenes especiales no hacen sino profundizar en la desigualdad”.
APOYO GENERALIZADO
El resto de grupos de la Cámara ha dado su apoyo en bloque al Convenio y al Concierto y ha ridiculizado el afán centralizador de Ciudadanos y Vox.
Por el PSOE, ha intervenido el diputado navarro Santos Cerdán, quien ha incidido en que este acuerdo fue aprobado por unanimidad en el Parlamento foral el pasado 2 de febrero con el respaldo incluido de los tres parlamentarios de Ciudadanos. A su juicio, la enmienda de la formación naranja “está redactada desde el desconocimiento, la ignorancia y la mala fe”.
Cerdán ha aprovechado el debate para cargar contra la política fiscal y en materia social que aplican las comunidades gobernadas por el PP y defender la ideología del PSOE basada en la igualdad de oportunidades. Ha sido la manera de dar réplica al PP, cuyo diputado Gabriel Elorriaga había intervenido justo antes para dedicar la mayor parte de su idiscurso a criticar la política fiscal del Gobierno, que ha calificado de “chapuza”, “disparate” y “voracidad recaudatoria”.
Por el PNV, Idoia Sagastizabal ha señalado que las “apelaciones injustas” de Vox y Cs “demuestran su desconocimiento y poco rigor”, puesto que “el sistema esta amparado en la Constitución y ha sido avalado por la Unión Europea”. Sagastizabal ha incidido en que el sistema fiscal foral “significa solidaridad”, porque contribuye a los gastos del Estado, “significa riesgo de una menor recaudación, significa capacidad de gestión en la recaudación y gestión, significa estabilidad en un momento de incertidumbre y significa respeto a sistema diferenciados”.
La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha respaldado el acuerdo pero ha apuntado que el actual Cupo sigue suponiendo que los ciudadanos aportan millones de más que, por mucha solidaridad no deberían aportar y que “tener que seguir negociando el traspaso de competencias o la concertación de nuevos impuestos demuestra la situación de dependencia del Estado”. Además, se ha quejado de la obligación de asumir gastos como los de la Casa Real, el Ejército y la Guardia Civil. “Si por los vascos fuera, no pagaríamos ni un euro”.
A pesar de su apoyo a los proyectos de ley, Pilar Garrido, de Podemos, ha pedido “más transparencia” y “sacar el Cupo de los despachos, alejarlos de los intereses partidistas” y “ser capaces de explicarlo a la ciudadanía de una manera clara”.
Desde el grupo mixto, el exdiputado de UPN Carlos García Adanero ha subrayado la legalidad y constitucionalidad del acuerdo; Néstor Rego, del BNG, ha exigido la modificación del sistema de financiación autonómica para acabar con el “expolio” al que considera que está sometida Galicia; y Joan Baldoví, de Compromís, que se ha abstenido, ha demandado también un nuevo modelo de financiación que sustituya al “injusto, arbitrario y abusivo” sistema actual.