El Congreso ha culminado en apenas 24 horas la polémica reforma exprés para permitir al CGPJ nombrar a dos magistrados del Tribunal Constitucional antes del 13 de septiembre, una iniciativa en la que los socialistas se han enmendado a sí mismos para contar con la ansiada mayoría progresista en el tribunal.
Con el apoyo de sus socios de investidura, como han expresado en el debate de la iniciativa, el Gobierno ha consumado su plan para que el CGPJ nombre a los dos magistrados que le corresponden pese a tener su mandato caducado.
La iniciativa ha contado con el apoyo de sus socios de investidura y ha salido adelante en el Pleno con 187 votos a favor, 152 en contra y 7 abstenciones, antes de que fueran rechazadas las tres enmiendas a la totalidad de Ciudadanos, Vox y PP.
El pasado 12 de junio venció el mandato de cuatro magistrados del TC, dos de los cuales deben ser nombrados por el Gobierno y otros dos por el CGPJ, que no puede al estar en funciones. Por ello, el PSOE planteó la reforma y ahora el órgano de gobierno de los jueves podrá hacerlo.Nada de lo que ofreció el PP sedujo al Ejecutivo para que retirara la reforma, que ha puesto en pie de guerra al sector conservador del CGPJ por un capítulo derivado del bloqueo del Consejo, que se ha abierto y cerrado en un mes para alegría del Gobierno de Sánchez.
El asunto se remonta al pasado 12 de junio. Esa fecha venció el mandato de cuatro magistrados del TC, dos de los cuales deben ser nombrados por el Gobierno y otros dos por el CGPJ, que no puede al estar en funciones. Fue el propio Ejecutivo el que con una reforma había impedido al CGPJ que pudiera hacer nombramientos estando en funciones, aunque en el fondo latía la estrategia de no permitir que una mayoría conservadora caducada impusiera sus nombres.
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En un primer momento, el PSOE echó un pulso al Constitucional lanzando la idea de que podía nombrar a sus magistrados y que tomaran posesión, pero el mensaje del tribunal fue claro: se renueva por tercios.
La amenaza de una crisis institucional entre Gobierno y TC llevó al Ejecutivo a enmendarse a sí mismo con una proposición de ley para sortear el bloqueo del Consejo para así nombrar a dos magistrados de TC y garantizarse la ansiada mayoría progresista en el tribunal de garantías. Todo en una etapa clave del Constitucional, que deberá fiscalizar en los próximos meses la agenda social de Sánchez.
Porque el PSOE confía que el Consejo acatará la ley nombrando a los dos magistrados, pero para blindarse ante una eventual rebelión entre los vocales conservadores, los socialistas han añadido una enmienda para obligar al CGPJ a que realice los nombramientos antes del 13 de septiembre, es decir, tres meses desde que venció el mandato de los cuatro magistrados del Constitucional.
Está por ver la reacción del Consejo a esta maniobra de última hora, toda vez que el Congreso no ha atendido la petición liderada por los vocales conservadores del órgano de gobierno de los jueces para que se les escuche antes de aprobar la ley, que ha salido adelante al tramitarse por lectura única en apenas 24 horas.
El debate de esta tarde estaba visto para sentencia, una vez que ayer todos los grupos fijaron su posición respecto a una iniciativa que no gusta entre los socios de Gobierno pero que ven un mal menor y que aborrece la oposición, que la tilda de "contrarreforma".
Las posturas eran ya irreconciliables. Las enmiendas a la totalidad de PP, Vox y Ciudadanos partían ya sin éxito de prosperar y, prueba de ello, es que el partido de Santiago Abascal ha aprovechado su intervención para defender su propuesta de reforma del Poder Judicial. El debate estaba ya descafeinado en origen.
Aun así, el PP ha arremetido contra la enmienda socialista al texto que da tres meses de plazo al CGPJ para los dos nombramientos, lo que evidencia la "arrogancia" del PSOE, que culmina así su "asalto a las instituciones", como lo ha tildado Ciudadanos.
Los socialistas han respondido a las críticas alertando de que "el bloqueo institucional es un hecho gravísimo" y dejando claro que solo esperan de los populares que "cumplan la Constitución" porque, como ha dicho Unidas Podemos, "son ya 1.300 días de bloqueo" .