El Congreso da luz verde a las modificaciones en la reforma de la ley del aborto

La reforma de la ley del aborto, que elimina la exigencia de consentimiento paterno para las chicas de 16 y 17 años, avanza en su tramitación después de que la Comisión de Igualdad del Congreso aprobara ayer el dictamen de la ponencia con algunas modificaciones al texto inicial.

El texto, que antes de ser enviado al Senado tendrá que pasar por el Pleno de la Cámara Baja, garantiza el aborto en la sanidad pública, regula la objeción de conciencia y contempla bajas temporales de preparto en la semana 39 y bajas por menstruación incapacitante. En la Comisión fue aprobado por 22 votos a favor y quince en contra, que son los de Vox, PP y Ciudadanos.

La futura norma, que blinda los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, ha incorporado durante la fase de ponencia varias enmiendas de los grupos, como la que impide a los médicos objetores participar en los comités clínicos que deciden sobre los abortos a partir de las 22 semanas.

Estos comités no tendrán la última palabra en la interrupción del embarazo a partir de la semana 22, sino que la paciente podrá “recurrir en vía jurisdiccional” su decisión en caso de no estar de acuerdo, según una enmienda incorporada de Unidas Podemos.

Además, con las enmiendas introducidas, la ley contempla que se adopten las medidas necesarias para garantizar que no se discrimine ni a los sanitarios no objetores, “evitando que se vean relegados en exclusiva” a la práctica de abortos, ni a los que lo son.

También incorpora la salud sexual y reproductiva en los programas curriculares de las carreras relacionadas con la medicina y las ciencias de la salud, en la práctica clínica del aborto.

Autoridad judicial

Otra de las modificaciones señala que, en caso de discrepancia entre una menor de 16 años y quien deba autorizar que esta se someta a un aborto, el conflicto se resolverá por la autoridad judicial con “carácter urgente”, precepto que ya estaba establecido en la ley de autonomía del paciente, pero que en la del aborto se precisa que se trata por esa vía de urgencia.

Las instituciones públicas no apoyarán a las asociaciones provida, según el dictamen aprobado que recoge que las mujeres tendrán una atención integral durante todo el proceso de aborto, con recursos de acompañamiento y atención especializada, “en particular de acompañamiento psicológico específico”.

Asimismo, reafirma la prohibición de los anuncios de prostitución y fomenta la implicación y la responsabilidad de los hombres en la prevención de embarazos no deseados y de infecciones de transmisión sexual. Y a propuesta del PP, se ha modificado en el texto inicial la expresión “salud menstrual”, por el de “salud durante la menstruación”.

Las personas con discapacidad contarán también con una atención específica para garantizar su derecho a la salud sexual y reproductiva, y el texto aprobado considera contratos nulos de pleno derecho los relativos a la gestación subrogada. Incluye asimismo nuevas definiciones como la esterilización forzosa, la anticoncepción forzosa y aborto forzoso como formas de violencias contra las mujeres en el ámbito reproductivo.

l PNV y EH Bildu. El portavoz de Igualdad de PNV, Joseba Agirretxea, se refirió principalmente a las cuestiones que tienen que ver con la Educación y la Sanidad y defendió la necesidad de que los registros de objetores no sea de carácter estatal. El diputado vasco pidió en solicitar la retirada en la ley de los artículos relacionados con la gestación subrogada. EH Bildu lamentó que finalmente no se haya incluido en el texto una mención más específica a la violencia obstétrica.