El Congreso levanta el veto del Senado y aprueba la ley de eficiencia de la justicia

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El Pleno del Congreso ha dado este jueves luz verde definitiva a la Ley de Eficiencia del Servicio de la Justicia al levantar por mayoría absoluta el veto que aprobó el PP en el Senado y una vez que Podemos ha retirado su amenaza de tumbarla.

Para levantar el veto impuesto por el Senado se necesitaba mayoría absoluta en el Pleno del Congreso (176 votos), pero el pasado martes Podemos aseguró que sus cuatro diputados no pensaban ayudar a esa tarea como rechazo a la enmienda que se introdujo a instancias del PNV para agilizar los desahucios en casos de ocupación por allanamiento de morada.

Pero este jueves, el ultimátum de Podemos se disipó y el Gobierno recabó el apoyo de 177 diputados para levantar el veto del Senado y dar luz verde definitiva a la ley de Justicia que salió del Congreso. A cambios de su apoyo, los morados aseguran haber recibido una serie de contrapartidas, entre ellas el compromiso del Gobierno de dejar en suspenso esa modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que metió el PNV aprovechando el error de Bildu y ERC.

"Un paso de gigante"

Tras la votación, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, se ha mostrado "muy contento" por la aprobación de lo que a su juicio es la "gran transformación" de la justicia y cree que de esta manera se sientan las bases para un sistema judicial del siglo XXI con "más flexibilidad", cargas de trabajo "más racionables" o "más facilidades" para contratar, entre otras cosas. "Hoy hemos dado un paso gigante", ha incidido el dirigente socialista.

En concreto, esta norma introduce dos líneas de actuación, una reforma organizativa para favorecer la especialización y mejorar la gestión de recursos con la creación de Tribunales de Instancia y la creación de Oficinas de Justicia en los Municipios.

Y otra procesal, para agilizar la carga de juzgados y tribunales que incluye los llamados medios alternativos de solución de controversias (MASC) en vía no jurisdiccional en los ámbitos civil y mercantil, como la mediación y el arbitraje para tratar de evitar la sobrecarga de juzgados y tribunales.