El Congreso reactiva la reforma de la 'ley mordaza'

El Congreso de los Diputados ha reactivado la tramitación de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, la conocida por sus detractores como 'ley mordaza', y ha fijado para el próximo miércoles, 22 de diciembre, la primera reunión de la ponencia de estudio de enmiendas.

La ponencia, que se reúne a puerta cerrada, tiene la misión de emitir un informe sobre la iniciativa que después se elevará a la Comisión de Interior y finalmente al Pleno del Congreso.

La reforma de la 'ley mordaza' fue presentada al Congreso por el PNV, pero se pasó semanas bloqueada hasta que el pasado mes de octubre los dos socios del Gobierno, el PSOE y Unidas Podemos anunciaron un acuerdo sobre varios apartados. Eso sí, dejaron pendiente el tratamiento de las llamadas devoluciones en caliente. 

Los principales sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones de la Guardia Civil han mostrado su rechazo a ese acuerdo de PSOE y Unidas Podemos. De hecho, la plataforma Jusapol había anunciado una concentración frente al Congreso el 14 de diciembre, aunque luego la anuló al no reunirse la ponencia este día.

Los principales sindicatos y asociaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, apoyados por PP, Vox y Cs, participaron el pasado 27 de noviembre de forma unitaria en una manifestación en Madrid en la que mostraron su rechazo a la reforma planteada por el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez. También hicieron lo propio frente a las delegaciones del Gobierno días antes.

El pasado 13 de diciembre, Unidas Podemos anunció que había remitido un informe a la Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa, en el que alertaba de la oposición de sindicatos policiales y partidos políticos de derechas a la reforma la 'ley Mordaza'.

La medida ha sido criticada por varios sindicatos policiales, al entender que "coarta" la libertad de expresión. De hecho, denuncian que esto mismo es una contradicción porque el Gobierno justifica la reforma de la 'ley mordaza' en la necesidad de garantizar el derecho de manifestación, en equilibrio con la seguridad jurídica de las actuaciones policiales.