El Congreso respalda la proposición del PNV sobre las víctimas del amianto

El pleno del Congreso de los Diputados mostró ayer martes su apoyo unánime a la proposición no de ley que insta al Gobierno a sacar adelante el reglamento que permitirá a las víctimas del amianto acceder a las ayudas del fondo de compensación. Todos los grupos presentes en la cámara baja manifestaron su apoyo a la iniciativa presentada por la diputada del PNV Idoia Sagastizabal, que urge al Ejecutivo a iniciar el trámite parlamentario para que dicho fondo esté operativo lo antes posible.

Sagastizabal recordó que en octubre de 2022 se aprobó una ley que creaba un fondo de compensación para víctimas del amianto pero que establecía un plazo de tres meses, hasta enero de 2023, para la puesta en marcha de un reglamento necesario para articular las ayudas. “No se sabe cuándo se pondrá en marcha el fondo y el Gobierno sigue dando largas sobre esta fecha. Sólo buenas palabras”, aseguró la diputada jeltzale.

Sagastizabal criticó que el proyecto de ley que desarrolla el reglamento siga en audiencia pública y que contemple indemnizaciones económicas inferiores a las que consiguen las víctimas vía judicial y a las que se dan a otros colectivos como la talidomida. En este sentido, la diputada vasca manifestó que le cuesta “entender el retraso”, porque con el fondo acabarían los procesos judiciales largos a los que las víctimas se ven abocadas a acudir, falleciendo en muchos casos antes de tener una sentencia. “La ley implica justicia, tarde, pero justicia. Implica reconocimiento y reparación, pero la reparación está aún por ver”, concluyó.

Fondo dotado con 25 millones

La diputada socialista María Luisa García señaló que el reglamento está en tramitación y que, tras recibir las aportaciones de las comunidades autónomas, el Gobierno español “está llevando a cabo un análisis de las sugerencias para la toma en consideración de la norma”. “Es necesario realizar una labor rigurosa y jurídicamente segura, sobre todo para las víctimas”, afirmó la diputada del PSOE.

El fondo, tal y como quedó recogido en la ley, se gestionará por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y contará con consignaciones o transferencias que se determinen en los presupuestos, así como con otras aportaciones como, por ejemplo, de sanciones a empresas.

En principio, el fondo cuenta con una dotación de 25 millones de euros y la demora en el reglamento no perjudica el derecho a las indemnizaciones reconocido a las víctimas, recuerdan desde la Seguridad Social.