En una tramitación exprés, este jueves llega al Pleno del Congreso la proposición de ley que elimina el delito de sedición del Código Penal y lo transforma en uno agravado de desórdenes públicos y que rebaja las penas para la malversación sin ánimo de lucro.
Para debatir y votar la iniciativa, avalada por la coalición de gobierno y ERC y apoyada por la mayoría parlamentaria, se celebrará un pleno extraordinario que comenzará tras concluir el que ya estaba agendado, con el objetivo de enviar la reforma ya al Senado y que vea la luz antes de fin de año.
Todo ello supeditado a que el Tribunal Constitucional no decida paralizar de forma cautelarísima la tramitación de esa proposición de ley, como ha pedido el PP, en un pleno extraordinario y urgente convocado a las 10 horas.
El acuerdo para reformar los delitos por los que fueron condenados los dirigentes del 1-O ha quedado plasmado en una iniciativa que PSOE y Unidas Podemos han aprovechado también para intentar desbloquear el nombramiento de magistrados del Tribunal Constitucional por parte del Consejo General del Poder Judicial.
Cambios en las leyes orgánica del Poder Judicial y del Constitucional que son los que el PP intenta frenar con su recurso ante el propio Tribunal Constitucional.
PP, Vox y Ciudadanos rechazan de plano una reforman penal que consideran hecha al dictado de los independentistas, pero la iniciativa ha abierto también grietas dentro del PSOE, con barones como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, o el de Aragón, Javier Lambán, claramente en contra