Por cuarta vez desde 2009, el Congreso de los Diputados debatió ayer una propuesta del PNV para reformar la ley española de Secretos Oficiales, vigente desde 1968 y firmada al pie por el dictador Francisco Franco.
Como en las ocasiones anteriores, la iniciativa ha salido adelante, si bien la esperanza del Grupo Vasco es que, tras la votación de ayer, se abra el camino definitivo para modificar una norma que, en palabras del portavoz jeltzale Mikel Legarda, “no es homologable con la legislación en esta materia de los estados de nuestro entorno”.
Pese a que, en esta oportunidad, el PSOE, a través de su portavoz Juan Carlos Jerez Antequera, se mostró favorable a la reforma, lo que refrendó con su voto, Legarda manifestó sus serias dudas sobre la transformación en hechos de las intenciones avanzadas por el grupo principal del Ejecutivo español.
“Hay elementos o indicios que nos hacen dudar de las intenciones del Gobierno sobre la nueva Ley de Secretos Oficiales en esta legislatura. Por ello, presentamos de nuevo la iniciativa que debatimos. Para que sea precursora del cambio y que el Gobierno no tenga la tentación de dejar morir este asunto como en tantas ocasiones en el pasado”, afirmó el ponente de la iniciativa jeltzale.
Además del PSOE, todas las formaciones de la mayoría plurinacional que propició la investidura de Pedro Sánchez apoyaron la propuesta del Grupo Vasco y, en el debate previo, argumentaron la necesidad imperiosa de dar carpetazo a una ley que procede de la dictadura y que ha servido para frenar en seco cualquier intento de investigación sobre algunos de los episodios más oscuros del franquismo y la Transición, desde el 23-F al caso Zabalza pasando por los asesinatos del 3 de marzo en Gasteiz, la matanza de Montejurra o los Sanfermines sangrientos de 1978.
Así, el portavoz de EH Bildu Jon Iñarritu acusó al gobierno español de no cumplir su palabra dada para modificar la norma en busca de una mayor transparencia y afeó al PSOE que su última propuesta en materia de años de clasificación de secretos superase incluso a la del PP.
Igualmente, desde Junts, Miriam Nogueras acusó al PSOE de falta de valentía para abordar las auténticas cuestiones de fondo como la reforma de una ley firmada por un dictador. “El franquismo sigue aquí, impregnando muchas de las instituciones del reino de España”, sentenció Nogueras.
En muy parecida línea, el representante de ERC Francesc Marc Álvaro calificó la norma todavía vigente como “un residuo tóxico del franquismo, un anacronismo, una ley que nos obliga a vivir en el pasado”.
Desde Sumar, socio del PSOE en el Gobierno de coalición, Enrique Santiago mostró su vergüenza por la vigencia de la ley franquista que, recordó, contiene, además de la firma del dictador, “la mención del control político del Consejo Nacional Movimiento”.
Como en todas las ocasiones anteriores, el PP votó en contra de la toma en consideración de la reforma de la ley de Secretos Oficiales, que a los gobiernos liderados por José María Aznar o Mariano Rajoy les ha servido para impedir investigaciones incómodas para sus intereses.
Lo que no evitó el portavoz de los populares en el debate, Carlos Rojas, fue hablar de la poca credibilidad en materia de transparencia de un gobierno “acosado por el caso Koldo-Ábalos” y que “pacta con prófugos de la justicia investigados por terrorismo”.
Pese a haber prosperado la toma en consideración, a la propuesta de reforma de los jeltzales le espera aún un largo camino en el que habrán de concretarse sus términos.