El consejo de administración de IMQ ha apostado por romper todos los puentes con el Montepío y abrir un nuevo frente judicial en la operación de venta de la compañía. Un órdago en el que el equipo de Beatriz Astigarraga se la juega probablemente al todo o nada y que, como mínimo, podría retrasar el proceso de liberalización de las acciones debido a los ritmos que manejan habitualmente los tribunales en este tipo de pleitos.
La dirección de IMQ, que tiene previsto someter a votación a finales de marzo el acuerdo definitivo con Adeslas SegurCaixa para la compra de acciones, ha presentado una denuncia por presuntas irregularidades en la última junta del Montepío. En aquella cita se anularon varias cartas de cesión de votos, de todas las sensibilidades, pero el consejo del Igualatorio asegura que se vulneraron sus derechos y que hubo "pucherazo" en la votación que planteó para que Astigarraga controlara el fondo de pensiones y facilitara la venta a la aseguradora de Caja Madrid y CaixaBank.
Con ese argumento recurre a la vía judicial en un nuevo intento de tomar el control del Montepío, que tradicionalmente ha estado liderado por el presidente del IMQ. En medio del proceso de venta de la compañía, los partícipes de la EPSV de los médicos han decidido mayoritariamente evitar que el Igualatorio gobierne el Montepío. Estiman que es la última vía que tienen para forzar a los actuales dirigentes de IMQ a negociar un acuerdo que impida que el nuevo propietario disuelva la entidad que complementa la jubilación de los médicos.
Condiciones para la venta
El choque es clave en el proceso. El Montepío tiene capacidad de veto de la venta de la compañía a Adeslas si el nuevo propietario no cumple tres premisas básicas conocidas desde hace meses y que suponen en definitiva el "respeto a los intereses e independencia" del Montepío: Garantizar que las aportaciones que realiza IMQ Seguros se mantengan mientras haya un asociado jubilado que cobre la prestación, poner en marcha un nuevo plan de pensiones para médicos y trabajadores actuales –una iniciativa que fue aprobada por el Gobierno vasco en 2018– y, por último, que Adeslas compre sus participaciones a todos los accionistas que quieran vender.
Si esas condiciones se cumplen y la mayoría de los accionistas de la Sociedad de Médicos apoya la operación en marzo, el Montepío levantará el bloqueo. ¿Por qué el consejo del Igualatorio no está dispuesto a asumir esos compromisos en su totalidad? Esa es la gran incógnita en estos momentos críticos para el futuro de la compañía. Sobre todo porque desde el círculo de confianza a la actual presidenta del IMQ se ha trasladado públicamente que, sin acuerdo con el fondo de pensiones, no era posible culminar la operación de venta a Adeslas.
Lo cierto es que, después de casi tres años de tira y afloja entre médicos por la liberalización de la compra de acciones, las relaciones son muy complejas entre los socios del Igualatorio. De hecho, el Montepío "percibe en el consejo muchos rencores personales" y estima que es posible que esa "sea la explicación de porque no quieren dialogar". La Justicia ya dio en su momento la razón al Montepío y al anterior consejo por la modificación de estatutos que permite a la EPSV vetar operaciones hostiles. Ahora se abre otro frente judicial.