El Gobierno español ha aprobado un paquete de medidas de ahorro energético para que edificios administrativos, espacios comerciales así como estaciones de autobús, tren y aeropuertos, entre otros, ajusten sus termostatos para que no queden por debajo de los 27 grados en verano ni superen los 19 grados en invierno.
Según ha explicado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la rueda posterior al Consejo de Ministros de este lunes, las medidas estarán vigentes hasta el 1 de noviembre de 2023 y tendrán que ser puestas en funcionamiento en los siete días siguientes a su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Se trata de medidas de carácter inmediato, ha relatado Ribera, que ha anunciado que en septiembre se presentará el plan de contingencia y ahorro energético, con otras nuevas, para seguir reforzando el ahorro y la eficiencia, el cambio de combustible, las renovables y la solidaridad con Europa.
Las adoptadas hoy se articulan sobre el reglamento de instalaciones térmicas de edificación y el código de alumbrado, cuya vigilancia corresponde a las comunidades autónomas, los cuales establecen un régimen sancionador "que se aplicaría" en caso de incumplimiento, ha recalcado.
Además de controlar el termostato, se deberán apagar las luces de los escaparates a partir de las 22:00 horas y la iluminación de los espacios públicos cuando no estén en uso, al tiempo que tendrán que tener sus puertas cerradas cuando estén funcionando los sistemas de calefacción o refrigeración.
En cualquier caso, para el próximo 30 de septiembre, estos establecimientos deberían disponer de un sistema de cerrado de puertas.
El plan de choque de ahorro y gestión energética en climatización, que busca reducir el consumo en el contexto de la invasión rusa de Ucrania, establece que los recintos públicos deberán revisar calderas e instalaciones térmicas siempre que la última revisión fuera anterior a enero de 2021, informar de las mejoras adoptadas e incorporar termómetros que hagan visible la temperatura.
No obstante, ha explicado la ministra, estas medidas se aplicarán teniendo en cuenta "flexibilidades relevantes", con el objetivo de garantizar "los derechos de los trabajadores, la seguridad laboral y las condiciones térmicas" de ciertos sitios públicos "siempre que quede justificado".
El real decreto también introduce la agilización de las tramitaciones de las redes e infraestructuras eléctricas, reduciendo requisitos, unos de los principales reclamos del sector, al tiempo que se facilita la inyección de gases renovables en la red de gasoductos y se potencian el almacenamiento y el autoconsumo.
En palabras de Ribera, el paquete introduce "medidas muy importantes" en la actual crisis energética que golpea a Europa, donde la "situación es crítica y puede haber un corte de gas por parte de Rusia en cualquier momento".
"Es momento de ser solidarios, de enfatizar la capacidad de reacción frente a un chantaje, poniendo de manifiesto que cualquier presión a un socio de la Unión Europea lo es para todos", ha añadido.