Las instituciones vascas estudiarán este mismo mes cuál será el destino de los más de 400 millones que se estima que Euskadi podría recibir en dos años a través de las nuevas tasas aprobadas en la última Comisión Mixta de Concierto a empresas energéticas y bancos.
El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno vasco, Pedro Azpiazu, ha comparecido este viernes en el Parlamento Vasco para informar del resultado de dicha comisión celebrada el 27 de diciembre del año pasado.
Azpiazu ha adelantado que el próximo 15 de febrero el Consejo Vasco de Finanzas, en el que están representados los niveles institucionales de la comunidad, analizará a qué se dedicarán los recursos que se conseguirán a través de estas tasas temporales para que luego se defina cuál debe ser el reparto interno entre los territorios.
El consejero ha recordado que en la Comisión Mixta se acordó que el Estado aportará financiación a Euskadi para hacer frente a las "excepcionales consecuencias económicas y sociales" derivadas de la guerra en Ucrania y a los problemas de oferta y de suministros por la pandemia.
Esta financiación será el 6,24 % del volumen de ingresos que recaude el Estado, generados por los gravámenes temporales a las energéticas y a los bancos en 2023 y 2024. En estos dos ejercicios, Euskadi podría recibir entre 400 y 450 millones de euros.
Azpiazu ha explicado que la CAV deberá asumir "íntegramente la definición y gestión de aquellas ayudas que el Estado financie exclusivamente con la recaudación de ambos gravámenes" que se definieron como "prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario", por lo que no era posible la concertación como sí se ha hecho con el impuesto a las grandes fortunas, también aprobado en la citada comisión.
Sobre este gravamen, ha citado que la modificación necesaria de la Ley de Concierto Económico se tramita ya, como iniciativa de lectura única y con carácter de urgencia, en las Cortes y que espera que pueda estar aprobado en "un par de semanas".
Luego deberán ser las Juntas Generales que se constituyan en los tres territorios tras las elecciones de mayo las que incorporen las figuras tributarias a los sistemas forales, para que las haciendas "puedan comenzar a recaudar lo antes posible".
A preguntas de los grupos, Azpiazu ha expresado su esperanza en que si hubiera algún recurso contra el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas el Tribunal Constitucional no falle en contra y que las haciendas no tengan que "retrotraerse" a la situación anterior y devolver lo que pudieran haber recaudado.
De cualquier forma, ha evitado entrar en el fondo de la cuestión porque ha dudado de la conveniencia de abrir "debates jurídicos preventivos" al respecto, aunque ha reconocido que hará alguna consulta sobre cuáles serían las repercusiones si hubiera un fallo de inconstitucionalidad.
Azpiazu ha zanjado que el Gobierno vasco "asumirá lo que haya que hacer" al respecto si hay un recurso y un fallo posterior, pero ha defendido que lo que tenía que hacer ahora era concertar el impuesto, como cualquier otro que se cree en el Estado.