El Tribunal Constitucional ha aceptado la petición del exministro y magistrado Juan Carlos Campo de abstenerse de todas las cuestiones que afectan a la amnistía y que suman una veintena, aunque lo ha hecho por la mínima, con 6 a 5, lo que avanza ya el duro escenario de recusaciones que se avecina en octubre.
Fuentes jurídicas informan a EFE de que el presidente, Cándido Conde-Pumpido, ha trasladado al pleno la petición de Campo, que se avanzaba como un "mero trámite" habida cuenta de que el pleno anterior ya aprobó su abstención por unanimidad en la cuestión de inconstitucionalidad que presentó el Supremo contra la amnistía.
Pero lo que a priori apuntaba a un trámite no lo ha sido tanto como acredita la votación. Seis votos a favor y cinco en contra, con tres votos particulares de los magistrados Enrique Arnaldo y José María Macías y la magistrada Concepción Espejel, añaden las fuentes.
Campo pidió apartarse de este asunto porque siendo ministro Campo pidió apartarse de este asunto porque siendo ministro firmó los expedientes de los indultos a los líderes independentistas en un documento en el que tachaba una futura amnistía de inconstitucionalirmó los expedientes de los indultos a los líderes independentistas en un documento en el que tachaba una futura amnistía de inconstitucional, un argumento que ha extendido al resto de sus abstenciones y que, por tanto, desde el tribunal entendían como "un paso lógico y esperado".
Aunque este pleno no ha abordado aun las recusaciones, la polémica está servida pues existen 54 -algo nunca visto en el tribunal- cuyo devenir se antoja vital para alterar o mantener el actual equilibrio de fuerzas entre progresistas y conservadores, que con la salida de Campo se queda en un 6 a 5.
El debate se centra ahora en cómo tramitar y resolver las recusaciones, con visiones contraopuestas entre los bloques progresista y conservador, que podrían bloquear el tribunal.
Así, algunos magistrados abogan por excluir del debate a todos los recusados, lo que dejaría al tribunal en tablas (4 a 4) para resolver todos los incidentes de recusación; mientras que otros contemplan que el recusado en cuestión se aparte solo de su propia votación y que sí participe de la de sus compañeros.
La Abogacía del Estado, la Fiscalía y el expresidente catalán Carles Puigdemont han solicitado apartar al magistrado conservador José María Macías del debate sobre la ley de amnistía, mientras que el PP y varias comunidades autónomas han pedido recusar a Conde-Pumpido y a la magistrada progresista Laura Díez.