El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso del Gobierno de España a la Ley Foral de Contratos Públicos. La demanda fue planteada por el Ejecutivo central en su última sesión antes de las vacaciones de verano y ahora será estudiada por los magistrados para determinar su encaje jurídico y competencial. Se cuestionan en concreto cuatro apartados de la reforma legal aprobada por el Parlamento de Navarra en 2021, y que no se han podido consensuar en el trabajo de negociación previo que han llevado a cabo ambas administraciones.
Inicialmente el Ejecutivo de Sánchez había planteado su disconformidad con 14 artículos de la ley. Sin embargo, en el marco de la Junta de Cooperación Navarra-Estado se ha llegado a un acuerdo en 11 de ellos. En diez el Estado ha asumido los términos de la ley foral, y en uno Navarra acepta los cambios que le pide el Estado. La discrepancia sin embargo se mantiene en los otros cuatro, que son los que ahora deberá resolver ahora el Constitucional.
Según el Amejoramiento, que cumple ahora 40 años, Navarra tiene competencia exclusiva en materia de contratos y concesiones administrativas, pero la debe ejercer en el marco de la legislación básica del Estado. Un concepto lo suficientemente ambiguo que el Ejecutivo central ha aprovechado los últimos años para limar la legislación autonómica y que, una vez más, sirve como argumento para rebatir los términos aprobados en el Parlamento de Navarra.
Los motivos del recurso
La discrepancia se centra esta vez en varios apartados de la ley navarra. En concreto, en el que hace referencia a la exclusión de negocios jurídicos de la contratación pública, y que permite al Gobierno contratar asistencia jurídica de forma directa. Argumenta el Gobierno central que tiene competencia exclusiva en relación con "contratos y concesiones administrativas", de modo que la mayor parte de las previsiones de la ley estatal tienen carácter básico y son de aplicación a todas las administraciones públicas. Dicho de otra forma, Madrid interpreta que las excepciones introducidas en la nueva normativa vulneran los "principios esenciales de la legislación básica".
Otra de las discrepancias centrales que justifican el recurso se centra en la compra de medicamentos, que según la ley foral, tendrán "naturaleza privada". De esta forma, el SNS-Osasunbidea puede adquirir medicamentos directamente, sin necesidad de licitación. El Estado señala sin embargo que la legislación sobre productos farmacéuticos también es competencia suya.
Argumenta además que esta forma de adquisición resulta incompatible "con los principios básicos de la contratación pública como la libertad de acceso, la transparencia, la publicidad, la igualdad, la integridad, la eficiente utilización de los fondos, la estricta vinculación de los criterios de adjudicación al objeto del contrato o la no discriminación de ningún operador económico".
La ley de Cambio Climático, amenazada
La de Contratos Públicos no es la única ley navarra que el Estado ha puesto en tela de juicio recientemente. El Gobierno central estudia también presentar un recurso de inconstitucional a la ley navarra de Cambio Climático y Transición Energética, aprobada por unanimidad en el Parlamento foral. Cuestiona nueve artículos (31, 33, 51, 60, 66, 67, 68, 79 y 88), tres disposiciones (7ª, 13ª y final segunda) y el anexo de la ley foral. Aspectos que debate ahora la Junta de Cooperación Navarra-Estado en buscar de un acuerdo de interpretación o corrección de la ley. En caso contrario, el Estado llevará la ley al Tribunal Constitucional.
El Gobierno central también cuestiona uno de los artículos (el 17) del decreto de medidas urgentes para hacer frente a la guerra de Ucrania aprobado recientemente por el Parlamento de Navarra, por lo que se somete también a revisión de la Junta de Cooperación