El Constitucional rechaza por unanimidad el recurso de Casero contra la votación de la reforma laboral

El Tribunal Constitucional (TC) ha avalado este miércoles la votación de la reforma laboral en el Congreso de los Diputados realizada en febrero de 2022 tras rechazar el recurso del exdiputado del PP Alberto Casero, cuyo error en la votación permitió la aprobación de la norma.

El diputado Alberto Casero en la sesión plenaria en el Congreso, 15 de febrero de 2022. EP

Fuentes jurídicas informan a EFE que el Pleno de la corte de garantías ha desestimado por unanimidad el recurso del exparlamentario, si bien se han formulado un par de votos concurrentes, es decir, que están de acuerdo con el fallo pero discrepan de la argumentación.

Recurso de Casero

El recurso de Casero es el primero que falla el tribunal ya que tiene pendiente aun de resolver el que presentó el partido, otro de la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, y un tercero de Vox contra la votación de la reforma laboral en el Congreso de los Diputados, si bien las fuentes indican que previsiblemente se aplicará lo resuelto con este primer recurso.

Además, el recurso de Casero fue interpuesto justo después de conocerse el informe de los letrados de la Cámara Baja, que señaló que el voto del diputado popular fue por un error material propio.

Los letrados indicaron que no se daban las circunstancias necesarias para que la entonces presidenta del Congreso, Meritxell Batet, reuniera a la Mesa de la Cámara debido a los numerosos precedentes de otros casos de fallo humano en votos telemáticos y porque la emisión del voto es irrevocable.

Sin embargo, el PP creía que se vulneró el artículo 23.1 de la Constitución "al impedir, advertido con carácter previo y conforme al Reglamento, que el voto fuera conforme a su voluntad, alterando la voluntad mayoritaria de la Cámara", según apuntó Cuca Gamarra.

Prevaricación y malversación

Casero abandonó el partido tras ser procesado por el Tribunal Supremo por los delitos de prevaricación y malversación, si bien el pasado noviembre llegó a un acuerdo con la Fiscalía para evitar la prisión.

Al respecto, el exalcalde de Trujillo (Cáceres) aceptó un año y nueve meses de prisión, seis de inhabilitación y el abono de una indemnización de casi 70.000 euros.