El Tribunal Constitucional dará esta semana el pistoletazo de salida al debate de los recursos del PP y Vox contra las dos últimas competencias asumidas por las instituciones vascas: la transferencia de la gestión del Ingreso Mínimo Vital y la capacidad para designar a los interventores y secretarios municipales. Son dos cuestiones denunciadas tanto por el PP como por Vox, de manera que, en total, se abordarán cuatro recursos. En concreto, según el orden del día que ha colgado el órgano judicial en su página web, el pleno del tribunal que comenzará a celebrarse mañana martes tiene previsto, si no hay retrasos, emitir las providencias sobre estos casos, que solo sirven para notificar el inicio del proceso de deliberación. Es decir, no emitirá sentencia sobre el fondo del asunto. Simplemente se va a notificar que comienza el proceso de deliberación que, según las fuentes consultadas, se desconoce cuánto puede durar. En principio, no se espera un desenlace inminente. Podría ser que se ordenaran también algunas cuestiones de procedimiento.
El Gobierno Vasco está convencido de la solidez jurídica de los acuerdos con el Ejecutivo español, aunque existe cierto margen para la sorpresa en la medida en que el Constitucional tiene mayoría conservadora y en otras ocasiones se ha alineado con los planteamientos de Vox, como sucedió con el varapalo al estado de alarma o a la reducción de los turnos de intervención de este partido en el Parlamento Vasco.
El tribunal ya tomó la decisión de admitir a trámite los textos del PP y de Vox contra estas competencias o, para ser más precisos, contra las disposiciones de los Presupuestos Generales de Pedro Sánchez y de la Ley del IMV que aludían a la singularidad foral de la CAV y Navarra, y contra la disposición presupuestaria que recoge también esa singularidad foral y los derechos históricos reconocidos en la Constitución española, una mención que se utilizó para permitir que Euskadi pueda nombrar a los funcionarios municipales que hasta la fecha eran de habilitación estatal. Pero esa admisión a trámite solo significa que los recursos no presentaban defectos de forma, y no permite anticipar en absoluto que la decisión final sobre el fondo del asunto vaya a ser desfavorable para Euskadi.
Será esta actual mayoría conservadora la que inicie el debate, a expensas de que se clarifique si habrá en un futuro inmediato una composición más favorable al Gobierno de Sánchez. Moncloa propone volver a cambiar el funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial para devolverle la potestad de nombrar a dos jueces aunque esté en funciones, y desbloquear así la renovación del tribunal. Sánchez espolea el temor a que se produzcan sentencias dramáticas, sobre todo, en el ámbito de lo social, como ha sucedido con la derogación del aborto en Estados Unidos. La comodidad con la que vive el PP el bloqueo en los órganos judiciales da motivos para la sospecha.
Se da la circunstancia de que Concepción Espejel, apartada del caso Gürtel por su sintonía con el PP, es la ponente para abordar el recurso de Vox sobre los funcionarios municipales. El resto de recursos también caen en manos de ponentes conservadores, salvo el de Vox contra el IMV, que llevará Cándido Conde-Pumpido.
En el caso del IMV, esta deliberación llega mientras la consejería de Idoia Mendia negocia con los grupos la Ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión, que trabaja con el actual escenario de integración del IMV y la RGI bajo el paraguas de Lanbide, que gestiona ambas prestaciones. De hecho, se han reforzado las plantillas de trabajadores para atender las solicitudes y no se da señal de inquietud por los recursos.
Los recursos se dirigen contra la disposición adicional quinta de la Ley estatal 19/2021 del Ingreso Mínimo Vital, que alude a la “especificidad que supone la existencia de haciendas forales” a la hora de asumir las funciones de la Seguridad Social, y la disposición final trigésima de los Presupuestos estatales de 2022, que repite ese mismo punto. El Gobierno vasco acordó que la consejería de Autogobierno de Olatz Garamendi se personara para defender la solidez del traspaso. Su defensa jurídica se basa en que el traspaso aplica la regulación constitucional y estatutaria del Concierto Económico, y las condiciones para percibir el IMV están reguladas en una ley única estatal, así que no se rompe ninguna caja.
¿DESIGUALDAD? EL ESTADO FIJA EL IMV
Vox reconoce que el IMV no se paga con cotizaciones y, de ese modo, se desvanece la posibilidad de que la ultraderecha utilice el argumento de la ruptura de la caja única de la Seguridad Social. Por ello, en un anterior recurso que finalmente retiró del Supremo, llevó la disputa al terreno de los impuestos y criticó que los vascos vayan a dejar de pagar 188 millones en concepto de Cupo al Estado.
Pero esto no es una novedad. Es el sistema del Concierto: las haciendas forales recaudan sus propios impuestos y con ellos se sufragan las políticas públicas vascas, como sucede con Osakidetza o la educación; y, de todos modos, en el Cupo que se paga al Estado se incluye una aportación vasca a la solidaridad con otros territorios. Este método es el corazón del sistema foral, y los socialistas ya contaban con que Vox lo criticara, pero les llama la atención que el PP lo secunde sin que Carlos Iturgaiz alce la voz para desmarcarse desde Euskadi.
La jeltzale Garamendi también esgrime que las condiciones para recibir la ayuda se fijan en la ley estatal. Por tanto, no hay ruptura de la igualdad. Es el primer traspaso relacionado con la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, de ahí que esté en el disparadero.
FUNCIONARIOS
El TC también iniciará el debate sobre la disposición de los Presupuestos que permite que los interventores y secretarios municipales sean designados desde Euskadi y no por el Estado, lo que permite activar ofertas públicas de empleo, seleccionar al personal y asignar el primer destino. La derecha española no ha disimulado su malestar por que los ayuntamientos vascos puedan escapar del control y la supervisión que el Estado ejercía con los funcionarios de “habilitación nacional”. “Se perderá la independencia de estos funcionarios, que son garantes y notarios”, dijo la popular Raquel González desde Euskadi. Vox defiende que incluir ese precepto en las Cuentas es improcedente y también alude al control. l