El Tribunal Constitucional acepta el recurso del PP, para el pleno del Senado y abre una crisis sin precedentes

El Tribunal Constitucional consumó ayer lunes una crisis inédita en la democracia española al estimar el recurso cautelarísimo del PP para frenar la tramitación parlamentaria de la reforma del Código Penal en lo que se refiere a los cambios que introduce respecto al propio TC; en concreto, en lo que concierne a la elección de magistrados para este órgano por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En lugar de evitar este choque de dimensiones difíciles de calcular, la mayoría conservadora impuso sus tesis y admitió el recurso de los populares abriendo una brecha entre el Poder Judicial y el legislativo, algo nunca visto a este nivel en las cuatro décadas de la democracia española.

La decisión del TC tiene además consecuencias directas, ya que impide que el Senado vote este jueves como estaba previsto la reforma del Código Penal, donde quedan en un limbo los artículos relativos a la elección de miembros del Constitucional.

Ahora, está por ver si la Cámara opta por votar la reforma sin los artículos bloqueados o si, en cambio, decide aplazar la votación hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el fondo de la cuestión -ya que la de anoche tan solo es una medida cautelar-. Desde Podemos también alientan la posibilidad de que el Senado desobedezca al TC y utilice su propia estructura jurídica para seguir adelante con toda la reforma con cierto blindaje legal.

Todo ello tras tomar la decisión el tribunal de que los dos jueces que el PSOE y Unidas Podemos reclamaban que fueran recusados no fueran finalmente apartados, por lo que pudieron participar en las deliberaciones, garantizando así la mayoría conservadora del pleno del órgano, que de aceptarse las recusaciones hubiera quedado en cuestión.

Asimismo, y previamente, el TC decidió que sería el pleno quien tome la decisión final sobre el recurso y no una sala del tribunal.

Los jueces estuvieron todo el día de ayer lunes deliberando acerca de las cuestiones que rodeaban al recurso, que se había complicado con la presentación de un sinfín de textos por parte de los partidos políticos -PSOE, Unidas Podemos, PP y Vox han registrado escritos-; algunos de ellos delicados de resolver, como el de la citada recusación de miembros del pleno que demandaban socialistas y morados.

En concreto, querían que se apartara al presidente del TC, Pedro González-Trevijano y a Antonio Narváez, al considerar que tienen intereses personales en este asunto al estar en juego su permanencia en el órgano (y es que cuando finalmente se renueve el tribunal tanto González-Trevijano como Narváez deberían abandonar sus cargos). Sin embargo, el pleno rechazó recusar a ninguno de los dos -ambos votaron en contra de su propia recusación- y la mayoría conservadora volvió a imponerse.

Graves consecuencias

La decisión final del TC tiene por tanto consecuencias graves y directas, ya que impedirá salvo sorpresa que el Senado vote este jueves como estaba previsto la reforma del Código Penal, donde quedarían en un limbo los artículos relativos a la elección de miembros del Constitucional; una decisión inédita en democracia.

Más a fondo, el embrollo viene de la inclusión por parte del PSOE y Unidas Podemos en el nuevo Código Penal de un apartado específico sobre el sistema de elección de magistrados para Constitucional en el seno del órgano de Gobierno de los jueces.

Según la norma pendiente de aprobación, en caso de que los miembros del CGPJ no se pongan de acuerdo en este proceso, bastaría con una votación en la que hubiera mayoría simple y no reforzada de tres quintos como hasta ahora. Asimismo, de demorar el Poder Judicial la decisión por encima del plazo estipulado, los vocales podrían incluso enfrentarse a responsabilidad penales.

En términos generales, lo que se ha desatado es una batalla en toda regla entre el Poder Judicial y el legislativo auspiciada por la derecha y la ultraderecha con sus recursos judiciales.

En este sentido, es la primera vez que se demanda desde un partido a este tribunal que se pronuncie sobre la tramitación de una ley -en 40 años nunca se había dado una cuestión de estas características-.

Guerra de lenta cocción

A lo que se asiste ahora en el panorama político e institucional del Estado español es al desenlace de esta guerra cocida a fuego lento en los últimos años entre el legislativo y el Poder Judicial. 

Y es que la derecha, en concreto el PP, ha tratado de blindar por todos los medios su mayoría en los principales órganos del Poder Judicial, que viene de los tiempos en los que los populares ostentaban la mayoría absoluta en el Congreso.