El Tribunal Constitucional ha respaldado nuevamente la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que impide a este órgano hacer nombramientos cuando esté en func1iones al rechazar el recurso del PP, con el aval de la mayoría progresista frente al rechazo del bloque conservador.
Como ya sucediera en octubre del pasado año con el recurso de Vox, el Pleno del tribunal de garantías ha avalado la constitucionalidad de la reforma, que prohíbe al órgano de gobierno de los jueces hacer nombramientos cuando tenga el mandato caducado, como sucede actualmente con un Consejo que ha cumplido un mandato completo de cinco años en funciones con solo 16 de sus miembros.
Al respecto, los magistrados Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo y César Tolosa y la magistrada Concepción Espejel han anunciado que formularán un voto particular contra la sentencia elaborada por Balaguer, el mismo escenario que se dio con el recurso de Vox.
Fuentes jurídicas informan a EFE de que la sentencia aplica la jurisprudencia del primer fallo contra el recurso de Vox, que afirma que la Constitución únicamente determina, de forma clara y unívoca, que la duración del mandato de los vocales del CGPJ es de cinco años, periodo en el que están en el pleno ejercicio de sus atribuciones, no pudiéndose deducir de esta previsión la prohibición de que el legislador limite las funciones cuando se supera el plazo.
Los conservadores entonces consideraron que debió declararse la inconstitucionalidad de la reforma al entender que se priva al Consejo en funciones de potestades esenciales para el cumplimiento de su cometido constitucional.
La reforma, impulsada por PSOE y Unidas Podemos, se hizo con la intención de forzar al PP a renovar el Consejo pero los populares no cambiaron su posición y, además, se causó un problema añadido con un goteo incesante de nombramientos pendientes en el Supremo y los tribunales autonómicos, que han alzado la voz contra las consecuencias de la reforma.
Son ya 86 las vacantes que restan por cubrir en la cúpula judicial, 24 de ellas en el Supremo, que lleva tiempo advirtiendo del riesgo de colapso debido a su situación "insostenible".