Casi tres décadas después de la normativa de 1997, con una Euskadi que ha evolucionado en términos de conocimiento y difusión de la lengua vasca, el Ejecutivo de Iñigo Urkullu aprobará en el próximo Consejo de Gobierno un nuevo decreto para la normalización del uso del euskera en el sector público. Dará un salto cualitativo para garantizar a la ciudadanía su derecho a ser atendida en el idioma. Si el decreto de 1997 tenía como ámbito de influencia a la Administración General y a los trabajadores de Lakua, ahora abarcará a todo el andamiaje público, a las sociedades, empresas públicas, consorcios, fundaciones, a los organismos autónomos, museos... El decreto, que afectará también a la Ertzaintza, Osakidetza, Justicia y Educación, situará bajo su órbita a 30.000 personas más, hasta situarse en torno a 140.000. En vista de que los ritmos de euskaldunización en unos y otros sectores han sido dispares y ahora existía el riesgo de que algunos se quedaran atrás, el decreto es flexible y progresivo en su aplicación con la finalidad de adaptarse a estos nuevos ámbitos que se incorporan y tejer una red sin agujeros, que sea factible.
No solo da un plazo de nueve años para adaptarse, sino que también recoge nuevas vías para acreditar los perfiles lingüísticos (por la vía práctica, demostrando que se domina su uso en el puesto de trabajo, o realizando el examen de acceso en euskera), e instaura los perfiles asimétricos, que permiten fijar un nivel de exigencia diferente para el euskera escrito y el oral, sobre todo, pensando en los puestos que estén muy centrados en la atención al público o en responder llamadas telefónicas y que no tendrán que obtener los perfiles más altos para redactar. De hecho, se apuesta por priorizar esa atención al público. El decreto, en cualquier caso, lo que fija es la necesidad de establecer perfiles, pero no concreta cuáles tienen que ser, lo que queda en manos de cada entidad.
Seguridad jurídica y los exámenes en euskera
La intención de la consejería de Bingen Zupiria ha sido aunar la ambición con la seguridad jurídica y, de hecho, este decreto incorpora los criterios fijados por los tribunales tras los recursos del PP y Vox contra la Ley Municipal. Los tribunales rechazaban la posibilidad de redactar de salida los documentos internos y externos de las administraciones en euskera, o que un empleado tuviera que alegar su desconocimiento de la lengua vasca para recibir los papeles en castellano. Aunque el Gobierno vasco lo recurrió, ha trabajado con ese marco. Es probable que se interprete como una cesión desde algunos ámbitos, pero lo que hace el Ejecutivo es un ejercicio de pragmatismo y también de blindaje ante la lluvia de recursos que se han interpuesto en los últimos años contra el uso del euskera y ante la ausencia de sensibilidad a la hora de tratar la normalización entre determinados estamentos judiciales.
A simple vista, el punto potencialmente problemático puede ser el que recoge la posibilidad de diseñar un examen o parte de él en euskera desde la Administración. Habrá quien lo interprete como un exceso, pero es muy matizable. Por un lado, este punto está pensado para los municipios más pequeños y donde la inmensa mayoría de sus hablantes sean euskaldunes. Para evitar que acceda a la plaza una persona que tenga muy oxidado el uso del euskera porque logró el perfil hace muchos años, el examen se presenta como la última prueba del algodón para demostrar ese conocimiento de manera fehaciente. ¿Por qué no se concreta esta explicación en el decreto? Los servicios jurídicos no veían la forma de fijar esa alusión a los municipios pequeños o al número de hablantes, que podría parecer arbitraria, pero esta alusión más genérica tiene el visto bueno unánime de la comisión jurídica asesora Cojua al igual que el resto del texto, y además hay casos similares en otras comunidades con el uso del gallego, o en el propio Estado español incluso con lenguas no oficiales, ya que se hacen pruebas en inglés o alemán para ocupar puestos en la administración de redes sociales y otras entidades.
Flexible y progresivo: 9 años
Este decreto tendría que haberse aprobado este martes en Consejo de Gobierno, pero la reunión se aplazó por el estado de salud de la ama del lehendakari Urkullu, que ha fallecido por la tarde. En principio, a pesar de las diferencias que son públicas y notorias, los consejeros del PSE no van a rechazar este texto que incorpora vías para una implantación flexible, progresiva y con garantías jurídicas. El decreto es fruto de un proceso de contraste con las consejerías, partidos, diputaciones, ayuntamientos y distintos sindicatos y asociaciones, y se apoya en el que el 67% de la población de 16 o más años es partidaria de fomentar el uso de la lengua vasca.
Este decreto amplía su ámbito de actuación porque la Ley del Sector Público de 2022 ya detalló qué entidades forman parte de él, y esa redacción dio la percha para ampliar el perímetro del decreto de 1997. Las entidades tendrán un plazo de nueve años para adaptarse y tendrán que incidir de manera más clara en el personal que atienda de cara al público.
Lengua oral y escrita
La asignación de los perfiles lingüísticos será más flexible, y se desglosará por un lado el nivel de comprensión lectora y escrita y, por otro, la capacidad de entender y mantener conversaciones a nivel oral, lo que permitirá ajustarse mejor al desempeño de cada puesto de trabajo, porque en algunos de ellos habrá que redactar textos jurídicos que exijan un nivel técnico y especializado en términos de redacción, y otros tendrán que centrarse más en pasar llamadas telefónicas o dar una primera bienvenida al ciudadano.
Habrá tres tipos de perfiles: el simétrico, el que existe hasta la fecha y que supone exigir el mismo nivel por escrito que oral; el asimétrico, pensado sobre todo para estas nuevas entidades que pasan a encontrarse bajo la órbita del decreto y que tendrán que priorizar la atención al público; y el parcial, para personas con una discapacidad física o sensorial que no puedan acreditar una competencia concreta. Además, si concurrieran circunstancias excepcionales y hubiera que cubrir de inmediato el puesto, la persona contratada no estaría obligada a acreditar el nivel.
El perfil se podrá acreditar realizando la prueba en euskera o demostrando su dominio en el puesto de trabajo, pero se mantienen también las vías clásicas: aprobar los exámenes del IVAP, conseguir el título en HABE o las escuelas de idiomas, o haber cursado los estudios en euskera.
Lo que no cambia: exención por edad
Este decreto responde a la petición de actualización que formuló el Parlamento en 2018 a la consejería de Cultura y Política Lingüística, aunque mantiene algunos aspectos sin cambios. Se mantienen las exenciones, por ejemplo, a partir de los 45 años de edad; cuando el perfil no sea obligatorio se valorará como mérito como hasta ahora, y se mantendrá el índice de preceptividad, el número de puestos de trabajo con euskera obligatorio.