El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha defendido que las viviendas públicas protegidas se destinen al alquiler frente a la compra y se sujeten a un régimen de protección permanente para hacer frente al problema de acceso a la vivienda en el Estado y al sobreesfuerzo en el pago de la renta del alquiler.
En el 'Informe anual 2024', ha insistido en que esta fórmula permitirá que el parque público de vivienda no disminuya en el Estado, tras haberse descalificado entre 2005 y 2018 más de la mitad de la vivienda con protección pública construidas en décadas anteriores por haber tenido una calificación limitada temporalmente.
Así, considera como punto de partida "indispensable" asemejar el parque público en alquiler asequible del Estado, que se encuentra en el 3,4 %, al europeo (10 %) a través de la calificación permanente de la vivienda y la construcción de más vivienda protegida en alquiler, aunque reconoce que no es la única herramienta, por lo que pide tomar medidas en el corto y medio plazo tanto a nivel estatal como autonómico.
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