Ángel Gabilondo ha presentado este viernes en el Congreso el primer informe oficial sobre los abusos en la Iglesia, tras 15 meses de investigación. "La respuesta - de la Iglesia- ha sido insuficiente, dilatoria, las víctimas pocas veces han sido atendidas", ha comenzado afirmando en su intervención ante los medios.
Posteriormente ha señalado que un 0,6% de la población mayor de 18 años ha sufrido abusos en la Iglesia por parte de algún sacerdote o religioso, siendo esta una de las principales conclusiones recogidas en el informe, basado en la encuesta realizada por GAD3. Según precisa el estudio, el resto de los abusos registrados en el ámbito religioso fueron perpetrados por laicos que trabajaban en sus instituciones.
Gabilondo ha propuesto un fondo estatal de compensación para las víctimas y ha denunciado "el silencio de quienes pudieron hacer más para evitar" la pederastia en la Iglesia.
Silencio de "quienes pudieron hacer más"
El Defensor del Pueblo ha denunciado "el silencio de quienes pudieron hacer más para evitar" la pederastia en la Iglesia tras presentar el informe con el que se quiere arrojar luz sobre: el alcance y el impacto de este tipo abusos. De sus 700 páginas, cerca de un centenar están dedicadas al testimonio de algunas de estas víctimas, siendo el primer relato oficial en el Estado.
Gabilondo ha avanzado que este mismo viernes estará disponible en la web el informe completo para que sea consultado por toda la ciudadanía y ha asegurado que mantendrán todos los canales de contacto abiertos para aquellas víctimas que deseen dirigirse al Defensor.
En este sentido, ha explicado que un total de 487 víctimas, un 87% de ellas, hombres, han denunciado ya abusos sexuales en la Iglesia ante la unidad de atención a víctimas de la comisión creada por la institución.
Todavía no se ha hecho entrega de las conclusiones a la propia Iglesia, aunque la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha convocado para el próximo lunes 30 de octubre una Asamblea Plenaria Extraordinaria en la que se abordará su contenido.
440.000 víctimas
Entre las conclusiones destaca que unas 440.000 personas han sufrido abusos en el ámbito religioso. Este dato debe contextualizarse teniendo en cuenta la división que realiza la encuesta de GAD3. Un 0,6% fue a manos de sacerdotes o religiosos y un 1,13 % indicó que había sido agredido en el ámbito religioso, concepto que incluye a personal o profesorado de centros religiosos.
La encuesta recoge entrevistas a más de 8.000 personas, siendo estos unos datos enmarcados en cifras globales. El sondeo revela, por ejemplo, que un 11,7% de las personas entrevistadas ha sido víctima de abuso sexual en la infancia o en la adolescencia, principalmente en el ámbito familiar.
Por otro lado, la encuesta muestra que un 72% de los encuestados consideraron que el abuso sexual infantil es un problema social muy grave y un 24,4% lo valoraron como bastante grave. Sin embargo, la mayor parte de las personas encuestadas consideró que no se están tomando las medidas adecuadas para atajar el problema.
Negación y ocultación
El informe valora la respuesta de la Iglesia católica, al menos a nivel oficial, ante esta lacra concluyendo que ha estado caracterizada "durante mucho tiempo" por "la negación o la minimización del problema". Algunas víctimas, subraya, han tenido que hacer frente no solo a la "negación y a la ocultación", sino incluso a "presiones" de representantes de la misma en las que "se les culpabilizaba de los abusos sufridos".
Pese a la crítica reconoce otros casos de buenas prácticas: "El coraje institucional de quienes han optado por asumir la responsabilidad que corresponde a la institución por la victimización producida".
Recomendaciones
En lo que respecta a poderes e instituciones públicas tampoco se establecieron procedimientos adecuados para prevenir, detectar y reaccionar frente a la comisión de abusos sexuales de menores en los centros escolares de la Iglesia católica en el pasado. Solo muy recientemente, en el año 2021, se introdujeron mecanismos y procedimientos de prevención y detección para los centros educativos de titularidad pública o privada.
El informe acaba con la propuesta de una veintena de recomendaciones para atajar esta lacra social. Entre ellas, se encuentran la de celebrar un acto público de reconocimiento y reparación simbólica a las víctimas y la creación de un fondo estatal para el pago de compensaciones.
Asamblea Extraordinaria
Tras hacerse públicos estos datos, la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha convocado para la próxima semana una Asamblea Plenaria Extraordinaria en la que analizará el informe del Defensor del Pueblo y la solicitud del despacho Cremades & Calvo Sotelo para ampliar el plazo de entrega de la auditoría encargada por los prelados.
La reunión, a la que acudirán los obispos de forma presencial u online, tendrá dos puntos en el orden del día. En primer lugar, el estudio y valoración del informe hecho público este viernes. En segundo lugar, el estudio de la solicitud del Despacho Cremades & Calvo Sotelo para ampliar el plazo de entrega de los trabajos que viene realizando por encargo de la Conferencia Episcopal.